Admiten que es muy compleja la extradición de Isabel a Argentina

Los trámites para traer a la ex presidenta podrían demorar varios meses. Familiares de víctimas y organismos de derechos humanos celebraron el avance

La extradición de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón podría demorarse algunos meses hasta tanto la Justicia española determine si corresponde juzgarla en tribunales españoles o argentinos por la desaparición de dos personas en Mendoza.

Martínez de Perón, luego de ser detenida el viernes en Madrid por Interpol, se negó a declarar voluntariamente en la causa que tramita el juez mendocino Héctor Acosta por la desaparición de Jorge Verón y Héctor Fagetti, en los días previos al golpe de 1976.

Si bien los organismos de derechos humanos expresaron ayer su satisfacción por las causas que tramita tanto Acosta como el juez Norberto Oyarbide, se prevé una demora en la extradición por la condición de ciudadana española que adoptó Martínez de Perón.

El abogado querellante en las causas contra represores que tramita el español Baltasar Garzón, Carlos Slepoy, explicó que "ante una extradición, en el caso del nacional de un país, este se puede negar a extraditarlo con la obligación de juzgarlo".


Negativo
Slepoy evaluó como muy lejana la posibilidad de que la Justicia española niegue la extradición porque los hechos que se le imputan a Martínez de Perón se produjeron en Argentina con anterioridad a que ella obtuviera la nacionalidad española

La ex presidente compareció el viernes ante el juez español de guardia en la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, quien le notificó los motivos de la detención y le preguntó si aceptaba ser extraditada a la Argentina.

La decisión de no colaborar con el proceso de la ex mandataria, obliga al magistrado de San Rafael a iniciar un juicio de extradición ante el Justicia española bajo las condiciones del convenio de extradición simplificada firmado por ambos países.

La noticia de la detención de Isabel Perón repercutió favorablemente entre organismos de derechos humanos y entre los familiares de las víctimas mendocinas, como la esposa de Héctor Fagetti, Elsa, quien confesó que "esperamos 31 años" a que la Justicia actuara.

"Lo viví con mucha alegría. Soñé 31 años con esta posibilidad. Es el principio del fin de la impunidad. Tenemos que pensar y creer en la Justicia", sostuvo la viuda de Fagetti. Además, opinó que la ex jefa del Estado "tiene que asumir su responsabilidad" y que debe ser juzgada en la Argentina.

En términos de búsqueda de justicia, las organizaciones Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos y Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, entre otras, se presentaron como querellantes en la causa que investiga el accionar de la Triple A.

La causa que tramita Oyarbide investiga los asesinatos, con fines políticos, del abogado y diputado peronista Rodolfo Ortega Peña -cometido el 31 de julio de 1974 en pleno centro porteño- y del subjefe de la policía bonaerense y sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, Julio Troxler, entre otros.


Toda la verdad
En el gobierno nacional manifestaron el viernes que lo dicho por el presidente Néstor Kirchner era consideración suficiente por parte del Ejecutivo y que se debe dejar actuar a la Justicia revelaron voceros

Kirchner dijo a un matutino porteño, cuando se conoció la decisión del juez Acosta de pedir la detención de Isabel, que "hay que conocer la verdad, sea cual sea".

La Triple A fue una organización parapolicial liderada por el ministro de Bienestar Social de Perón, y luego de Isabel, José López Rega, en 1973-1974, que tenía por objetivo "exterminar al enemigo" con concepciones de izquierda.

Oyarbide dio nuevo impulso a la causa que investiga los operativos de esta organización de ultraderecha a partir de fallo del fiscal federal Eduardo Taiano que consideró de "lesa humanidad" los crímenes perpetrados por la Triple A.

La sorpresiva detención de Isabelita generó estupor en varios sectores del justicialismo e incluso motivó una toma de posición de los opositores, que, rápidamente acusaron al gobierno de montar un escenario que saque de la escena cuestiones que siguen en la nebulosa. "Mientras nos entretienen con pan y circo, nuestro compañero Jorge Julio López sigue secuestrado", manifestó la ex diputada nacional Vilma Ripoll.

También desde el lavagnismo se posicionaron en forma contraria a los pasos dados respecto a la detención y posterior liberación de la ex presidenta.

"Lo que se está intentando hacer es promover un juicio político contra el peronismo", asestó el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Las próximas horas serán clave para dilucidar el futuro de la mujer que condujo los destinos de la Argentina hasta que la dictadura militar rompió el orden constitucional con la irrupción de Videla, Massera y Agosti. l

Isabelita fue detenida y puesta en libertad provisional en España acusada de terrorismo de Estado por su vinculación con la Triple A.