Estiman que la extradición de Isabel Perón será un proceso largo

Buenos Aires.- El juez federal Raúl Acosta, que ordenó la detención de la ex presidenta Isabel Perón por la desaparición de un militante en 1976, admitió el sábado que su extradición desde España será un largo proceso.

“Si no acepta venir al país deberá someterse al proceso de extradición y el gobierno de España determinará si concede o no el pedido. A través de la vía diplomática debo remitir las argumentaciones de la causa por las que pedí la detención. Pero no esperen que venga al país en una semana. No va a ser inmediato”, dijo el magistrado al diario La Nación.

Perón, de 75 años, quedó el viernes en libertad condicional en Madrid tras declarar durante varias horas ante la Audiencia Nacional luego de ser detenida en su residencia del elegante barrio madrileño de Villanueva de la Cañada.

La corte española ordenó su liberación a la espera de que Argentina presente una solicitud de extradición, para lo que tiene un plazo de 40 días. Mientras tanto, Perón deberá presentarse en un cuartel policial cada 15 días.

María Estela Martínez de Perón --más conocida como Isabel, el nombre artístico que utilizaba en sus épocas de bailarina-- asumió como vicepresidenta en octubre de 1973 en la fórmula que encabezaba su esposo, el legendario fundador del Partido Justicialista, Juan Perón.

Perón murió en julio del año siguiente e Isabel debió asumir el poder.

Los 20 meses que duró su gobierno estuvieron signados por la inestabilidad. El gobierno estaba presionado por la crisis económica y los reclamos sindicales y los Montoneros --un grupo armado de la izquierda peronista-- y el trotskista Ejército Revolucionario del Pueblo realizaban atentados, secuestros y asesinatos que eran contraatacados por la derechista Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) creada durante el gobierno de Juan Perón por su mano derecha y ministro de Bienestar Social, José López Rega.

En medio de la crisis, en octubre de 1975 los ministros del gabinete nacional firmaron tres decretos autorizando a las Fuerzas Armadas a “ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Isabel no firmó los decretos porque se encontraba de licencia por enfermedad y según la ley de acefalía el poder era ejercido por el entonces presidente provisional del Senado, pero para el juez Acosta los documentos oficiales contaron con su aprobación.

Acosta ordenó la detención de Isabel por la desaparición de un hombre en la cordillerana provincia de Mendoza en febrero de 1976, un mes antes del golpe de Estado que la derrocó y abrió paso a la dictadura que se extendió hasta 1983.

Según el magistrado, la desaparición se produjo en el marco de esos decretos, por lo que Isabel puede ser considerada “coautora”.

“Lo único que me interesa es llegar a la verdad. Todo lo que signifique llegar a ese objetivo de un modo legal y respetando el derecho de defensa me satisface plenamente. Buscamos la verdad, no la condena. Si en la verdad surge la absolución, adelante”, dijo el juez.

Acosta negó sentirse presionado. “Nadie me presionó. Eso que quede claro. La opinión pública lo sigue de cerca y eso no es un hecho menor. No me siento mirado por nadie, y llegado el caso, no está mal que se mire el accionar de la justicia”, sostuvo.

Por su parte, el juez federal Norberto Oyarbide, que investiga los crímenes cometidos durante el gobierno de Isabel por la derechista Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) --una fuerza paraestatal de persecución a la izquierda creada por su ministro de Bienestar Social, José López Rega-- dijo que no descarta citar a la ex mandataria.

“Se analizan una serie de resoluciones presidenciales y decretos firmados por la señora, que va a permitir el día de mañana tomar una determinación respecto de ella y de otros miembros que integraban el gabinete nacional”, explicó el juez a una radioemisora.

Por esa causa ya fueron detenidos tres ex integrantes de la Triple A.