Diez abogados, a juicio por asociación ilícita y estafa procesal

Creaban empresas fantasma para quedarse con créditos en concursos preventivos. Hay otros 10 enjuiciados

Ariel Etcheverry / La Capital

Representar, comparecer, demandar, litigar, verificar créditos en una quiebra son, normalmente, actos habituales de la función del abogado. Pero cuando esas acciones están orientadas a simular, engañar, defraudar y perjudicar al prójimo ya no se trata del ejercicio de su noble profesión sino de un incalificable abuso de su gestión, que vulnera las normas éticas y el Código Penal". Tal afirmación forma parte de los contundentes argumentos esgrimidos por los jueces de la sala II de la Cámara de Apelaciones en Penal para confirmar los procesamientos de diez profesionales del derecho, quienes dentro de unos meses serán sometidos a juicio acusados de graves delitos como una asociación ilícita, estafa procesal y quiebra fraudulenta.

El dictamen de los jueces Ramón Ríos, Juvencio Mestres y Otto Crippa García se refiere a la denominada megacausa judicial de los abogados que desentrañó maniobras que tenían por objetivo la creación de empresas fantasmas para hacerlas figurar en concursos preventivos de acreedores y así obtener beneficios económicos, desplazando a los legítimos acreedores. "No parece equitativo exigir a los pobres, excluidos y débiles mentales que se abstengan de transgredir la ley aún para paliar sus necesidades más elementales, si quienes tenemos cierta relevancia social aprovechamos semejante privilegio para burlarnos dañosamente de toda la comunidad", afirmaron los magistrados a modo de síntesis de lo que implicaban las maniobras.

La jueza de Instrucción Nº6, Raquel Cosgaya, había procesado en octubre del año pasado a 17 imputados (diez letrados, tres empresarios, un operador de granos y otras tres personas). Tras ello, los únicos que solicitaron que el fallo fuera revisado por la Cámara de Apelaciones fueron los abogados Horacio Fernández Méndez, sindicado como jefe u organizador de una asociación ilícita; Paulo Martín Di Sciasio, Carlos Hernán López, Luciana Massagli, Analía Lambri, Diego Ariel Orce, Claudio César Russo y Javier Camilo Tissot. De ellos, Orce desistió a último momento.


Voto unánime
En el fallo firmado el martes pasado, los integrantes del tribunal de alzada votaron unánimemente y confirmaron la resolución de Cosgaya, pero revocaron puntualmente el procesamiento de Claudio César Russo, quien a partir de este momento está técnicamente cerca de recibir falta de mérito. Sus defensores, Adrián Spelta y Carlos Racamato, habían planteado que Russo, a pesar de tener relación con dos de los imputados, "era completamente ajeno a la maniobra". No obstante, el camarista Crippa García solicitó que su actuación sea analizada por el tribunal de ética del Colegio de Abogados.

La maraña de irregularidades comenzó a salir a luz a partir de la tramitación de la quiebra de la empresa Granero Argentino, en mayo de 2003, en el juzgado Civil y Comercial Nº13 de esta ciudad. Las cuestiones turbias fueron tan evidentes que el síndico presentó una denuncia penal por presunta quiebra fraudulenta ante la jueza Cosgaya. Al cabo de una investigación exhaustiva y febril, se estableció que en el concurso preventivo de acreedores, tres empresas fantasmas reclamaron créditos que nunca existieron.

La magistrada detectó que el mismo recurso de reclamar créditos falsos se empleó en otros concursos preventivos. Según su dictamen, los abogados en ese esquema tuvieron un rol clave porque le dieron respaldo jurídico a las maniobras. Lisa y llanamente los acusó de "dibujar" en los papeles algo que en la realidad no existió nunca.

Las primeras sospechas recayeron en ByM, una sociedad anónima que reclamaba un crédito de 250 mil pesos. El abogado que figuraba como apoderado legal de ByM se presentó en el juzgado y aclaró que estaba desvinculada de Granero desde hacía más de un mes, que la firma que figuraba al pie de los escritos había sido falsificada y que la documental tampoco correspondía a a operaciones comerciales reales.

Poco después se comprobó que en el domicilio de esa firma, que litigaba a nombre del operador de granos Víctor Romero Acuña, que actualmente está procesado, funcionaba en realidad un estudio contable. Y se demostró que la verdadera ByM tenía otros dueños, se había dedicado a operaciones inmobiliarias y estaba inactiva. El mismo personaje, en ese expediente, figuraba como presidente de la sociedad Naipa. Pronto se descubrió que Naipa no existía en ninguno de los domicilios consignados en los escritos judiciales y que los recibos entregados para demostrar el crédito no eran oficiales.

Un caso similar fue el de Indio. En el mundo real se trataba de una fábrica de ropa de trabajo, pero en la quiebra de Granero Argetino aparecía reclamando una deuda ajena al rubro textil: la venta de agroquímicos.

A la hora de revisar la resolución de procesamiento, los camaristas remarcaron que "quedó demostrada inequívocamente una maraña de maniobras fraudulentas dirigidas a burlar a la masa de acreedores, provocar el error de los jueces en causas civiles, procurar la desaparición subrepticia de cereal almacenado y perjudicar a terceros, configurando personas jurídicas inexistentes o exhumando sociedades extinguidas, dibujando créditos ficticios, formalizando falsos poderes y haciendo gala de una desaprensiva praxis profesional".

Los jueces afirmaron en el fallo que no se pudo avanzar en la responsabilidad que pudo caberles a los escribanos intervinientes. Lo que sí quedó claro, según la resolución, fue el "liderazgo indiscutible ejercido por Fernández Méndez". Eso no libra de responsabilidad al resto de los profesionales, agregaron los camaristas. "Ellos son abogados también y deben ser conscientes de los actos jurídicos que protagonizan y de las firmas que deliberadamente otorgan".

En los pasillos de Tribunales se sigue el caso paso a paso.