Eran tres. Detectan una nueva imputación por violencia física a un cabo con sentencia fimre por igual delito

En Tribunales no se explican por qué siguió trabajando un policía condenado

El martes llegó acusado por apremios contra adolescentes en junio. Como hace 11 meses le confirmaron una pena por castigo a dos chicos, lo dejaron preso. Pero hubo más: ayer, en otro juzgado, le saltó una causa idéntica

El caso del policía condenado por apremios ilegales y que trabajaba a pesar de que un fallo judicial se lo prohibía tuvo ayer otra asombrosa novedad. El mismo agente figura como imputado en un tercer caso de aplicación de castigo físico, este denunciado en 2004 en el juzgado penal de Instrucción Nº10. Es decir, en dos años acumuló en su legajo dos acusaciones por un mismo delito, cuando a la vez ya contaba con un proceso judicial en pleno proceso, trámite que terminaría en su contra hace once meses. A todo esto, a los magistrados que intervinieron en esas causas les parecía inexplicable que el uniformado hubiera estado trabajando cuando acumulaba dos antecedentes penales por apremios, una con condena ratificada por instancia judicial superior, por las cuales estaba inhabilitado para ejercer funciones.

Un alto funcionario judicial, que tuvo contacto con uno de los expedientes abiertos contra el policía, consignó ante La Capital que no existen motivos legales que justifiquen el mantenimiento del en funciones cuando pesaba en su contra una inhabilitación para trabajar. "Pudieron pasar tres cosas. Que el tribunal que lo condenó no haya notificado en tiempo y forma a la policía (cosa poco probable, porque pasó casi un año desde que se dictó el segundo veredicto); que la información no haya sido debidamente procesada o interpretada; o, lo más grave, que la policía no le haya dado bolilla".

Para la fuente consultada, la falta de cumplimiento de la condena y consiguiente separación del cargo carece de justificación. "Tal vez el defensor del policía, luego de recibir el fallo adverso de la Cámara, haya presentado un recurso de queja ante la Corte. Pero en ese caso la sanción impuesta no cae: está firme mientras el máximo tribunal estudia el caso", agregó.

El cabo Antonio Rafael Flores prestó ayer declaración indagatoria ante el juez de instrucción Nº8, Juan José Pazos, junto con otros dos compañeros integrantes como él del Comando Radioeléctrico, cuyas identidades no trascendieron. Los tres están acusados de someter a golpizas y maltratos a un grupo de muchachos, entre ellos varios menores de edad, detenidos a principios de junio durante una redada en la que buscaban identificar a los agresores de un policía en la zona sur.

Los jóvenes fueron alojados en la seccional 11ª y allí sufrieron castigos físicos y psicológicos, según denunciaron el 13 de junio en los Tribunales. El juez Pazos recibió las actuaciones y la semana pasada ordenó que 14 policías fueran a declarar por ese episodio a la Dirección de Asuntos Internos. De allí, el magistrado circunscribió sus sospechas en los tres policías.

Dos de los agentes, luego de realizar la medida judicial, quedaron en libertad porque el delito de apremios ilegales es excarcelable. En cambio, Flores seguirá preso porque, sorprendentemente, se verificó que tiene una condena firme en su contra dictada en septiembre del año pasado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones. Ese fallo, como informó La Capital ayer, ratificó la condena impuesta por un juez de Sentencia en la que imponía al agente a dos años de prisión en suspenso e inhabilitación de cuatro años para trabajar. La pena era por aplicar castigos físicos en la comisaría de Pérez contra dos chicos de 12 y 15 años. Estos menores habían sido apresados por un delito que, se probó en el expediente, no había existido.

La nueva imputación a Flores reveló una situación a todas luces irregular y es que el policía, a pesar de tener un fallo condenatorio confirmado, continuaba trabajando a pesar de la prohibición judicial. Pero como si esto fuera poco ayer trascendió que el mismo policía aparece denunciado en otra causa por apremios ilegales radicada en 2004 en el juzgado de instrucción Nº10, a cargo de Alfredo Ivaldi Artacho. Con eso, sus antecedentes por el mismo delito suman tres.

Por ese motivo fuentes judiciales indicaron a La Capital que el caso de los apremios y vejaciones denunciados en la seccional 11ª se acumulará en este último juzgado.

El juez Pazos ayer indagó y dejó detenido al cabo Flores.