La Defensoría del Pueblo deploró el estado de menores presos en Rosario

Su titular, Carlos Bermúdez, visitó dos institutos y pidió a la Justicia que revierta por inadmisible la situación. En especial en el CAT constató agravamiento del encierro, hacinamiento y ausencia de plan de rehabilitación

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe reclamó que se reviertan por inadmisibles las condiciones de detención de menores en el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT) y se realicen mejoras edilicias en el Instituto de Recuperación del Adolescentes de Rosario (Irar). El funcionario formuló esa petición por medio de un recurso de hábeas corpus correctivo presentado ayer en ante el juez penal de instrucción Nº10, Alfredo Ivaldi Artacho.

"Se trata de una herramienta más expeditiva que una mera resolución de la Defensoría, que el Poder Ejecutivo no suele tener en cuenta", sostuvo el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bermúdez, ante una consulta de La Capital sobre los alcances del recurso judicial interpuesto. "Si hace lugar a nuestro pedido, el juez tiene mayor peso para exigir que modifiquen situaciones que nos tienen muy preocupados, especialmente en lo referido al CAT", agregó.

Bermúdez acudió a la Justicia luego de comprobar la semana pasada, en una visita imprevista, los problemas tanto en el CAT, ubicado en Dorrego al 900, como en el Irar, en Saavedra y Cullen. Admitió haber quedado impactado con lo que vio. "Lo del CAT es terrible. No se puede tener en una habitación minúscula a un grupo de menores que tienen varias entradas conviviendo con chicos que delinquen por primera vez", remarcó el funcionario. Concretamente, Bermúdez citó el caso de dos hermanos de 13 y 15 años "debutantes" en el campo del delito que "viven" junto a otros adolescentes que cuentan con un prontuario cargado de entradas en comisarías por delitos complejos.

La gravedad del estado de menores detenidos en Rosario es en la provincia una situación que tiene continuidad. Hace cuatro años exactos un magistrado rosarino hizo lugar a un hábeas corpus por el que ordenó vaciar de menores las comisarías. En julio de 2002 el juez Juan Leandro Artigas dio por válidos los dictámenes lapidarios de los asesores de menores de Tribunales. En relación al Irar, se dejaba constancia por entonces "de la suciedad reinante en los patios, destacando la poca actividad que desarrollan los jóvenes allí internados". Ese recurso, que para hacer cesar la ilegalidad que lo origina debe ser de resolución inmediata, tuvo desde entonces continuas prórrogas. Aunque los penales de seccionales fueron paulatinamente clausurados.

Al hacinamiento comprobado por el Defensor del Pueblo, que acudió con dos profesionales del Centro de Atención a la Víctima de la entidad, también se le agregan ahora las deficientes condiciones edilicias. "Espacios reducidos, cloacas tapadas y agua que brota de paredes y pisos. El Estado debe tratar de recuperar a los adolescentes y con el CAT, como está, no se recupera nadie. Creemos que debe darse una política distinta y estudiarse la situación de cada uno de los menores", añadió.

En este lugar Bermúdez comprobó que no existen programas educativos y de recreación previstas en la legislación y que los jóvenes pasan el día en forma ociosa. Allegados a la Defensoría dijeron también que constató que los chicos están encerrados en los pabellones, sin acceso a espacios ventilados e iluminados, la mayor parte del día.

Con relación al Irar de Saavedra y Cullen, en la zona sudoeste de Rosario, Bermúdez aclaró que allí advirtió la existencia de falencias edilicias "que hay que mejorar, especialmente en uno de los pabellones".

La situación de los chicos con problemas penales recluidos en esos dos organismos provinciales es materia de cuestionamientos constantes por la no gubernamental Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Pero los últimos los planteó la oficial Comisión Nacional Antiimpunidad, órgano del Ministerio de Justicia de la Nación, que el 6 de junio pasado recorrió el CAT y recomendó al gobierno de Jorge Obeid su cierre, en especial cuestionado la participación del Servicio Penitenciario en la custodia de los adolescentes. Un mes antes, una denuncia sobre esa ilegalidad en el CAT, efectuada por la CTC, había llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). La entidad remarcaba que el funcionamiento del centro significa una abierta violación a la ley nacional de protección a la niñez y la adolescencia.

Ante ello, el director provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Sergio Druetta, planteó que en Rosario ya no hay adolescentes en comisarías y que el CAT está bajo proceso de reformas edilicias. Druetta señaló que la semana pasada no había allí más de 15 menores alojados a raíz de esas refacciones.

Fuera de la crisis de insalubridad y superpoblación, el caso más grave que envolvió al CAT ocurrió en diciembre cuando los encargados de custodiar a los menores, en ese momento agentes de la Unidad Regional II, reprimieron con violencia lo que se presentó en forma oficial como un intento de fuga. La investigación que realizó la jueza de Instrucción Nº 12, Mónica Lamperti, determinó el mes pasado que responsables del instituto eran coautores de graves delitos como vejaciones sexuales y apremios ilegales. Uno de los dos procesados por la jueza era la máxima autoridad del lugar: su director policial.

Un penal del CAT.