Pedido de igualdad en la educación para discapacitados

Con motivo de establecerse la discusión en torno a la redacción de la nueva ley de educación, varias ONGs que tratan con personas discapacitadas se han involucrado en el debate con el objetivo de reclamar que la nueva norma contemple las necesidades educativas de personas especiales en escuelas comunes y asegure la igualdad de oportunidades.

  Para ello, y en el marco de la discusión convocada por el Gobierno nacional para la redacción de la nueva ley, la Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial y la Integración (Adeei), la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), y las fundaciones Par, Data y Discar presentaron un documento donde constan todas aquellas cuestiones que consideran deben incluirse en la norma.

  Las ONGs advierten que tanto la aplicación de las leyes como las convenciones internacionales han demostrado que cuando las personas con discapacidad no son mencionadas explícita y especialmente sus derechos no se cumplen, y quedan al margen de las políticas y acciones que benefician a la población en general.

  La posibilidad ante la cual se encuentran las ONGs para tratar de colaborar o aportar opiniones o sugerencias para la redacción de la nueva ley de educación representa es una oportunidad histórica.

  La propuesta fundamental en el denominado “Documento para el debate” hace hincapié en la necesidad de lograr una educación inclusiva, es decir, capaz de atender grupos diversos, que incluya a personas con necesidades educativas especiales y con discapacidad, para que las posibilidades y oportunidades que se ofrecen puedan ser aprovechadas por todos.

  El 10 de junio de 1994, 92 países, entre ellos Argentina, participaron en una conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales de la cual surgió la Declaración de Salamanca.

  Este documento reafirma el derecho que todas las personas tienen a la educación, según recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y retoma postulados de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos de 1990 que busca garantizar derechos independientemente de las diferencias particulares. Además, la Declaración de Salamanca recuerda las declaraciones de las Naciones Unidas, que culminaron en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, en las que se alienta a los Estados a garantizar que la educación de las personas con discapacidad forme parte integrante del sistema educativo.