Bajo la lupa. Detalle del pedido del ministro Rosúa a autoridades judiciales sobre situación de efectivos

El gobierno pidió saber el estado de las causas de 33 policías investigados

La mayoría se abrieron por anomalías en pesquisas de drogas. Entre los nombrados hay dos jefes de comisarías de Rosario y un alto oficial de Drogas Peligrosas. Lo requirieron para evaluar el desempeño de Asuntos Internos

Los nombres de varios policías que revistan en puestos importantes de la Unidad Regional II y en la Dirección de Drogas Peligrosas de la provincia están incluídos en tres memos que el Ministerio de Gobierno elaboró para dar cuenta de su preocupación por el estado de los sumarios administrativos contra ellos y su vocación de transformar la dotación de personal de la Dirección de Asuntos Internos. Esos oficiales tienen procesos judiciales iniciados a instancias de tribunales federales, en especial por irregularidades e incumplimientos en operativos antidrogas, que según la cartera política están abiertos. Y la inquietud de la dependencia gubernamental se debe a que mientras los casos están pendientes de resolución en la Justicia, la definición de las investigaciones sobre estos agentes en la esfera policial permanecen sin definición.

Entre los policías con expedientes judiciales en trámite hay dos que son titulares de comisarías rosarinas. Ellos son el comisario Néstor Ljumberg, que está a cargo de la comisaría 5ª de Italia al 2100, y el subcomisario Marcelo César Marcos, que es el subjefe de la comisaría 7ª de Cafferata al 300.

El 7 de mayo de 2005, consignaron fuentes tribunalicias, se abrió una causa contra el subcomisario Marcos, a quien acusaron de haber cometido "encubrimiento y extorsión" durante un operativo efectuado dos años antes en una casa de San Nicolás al 3600 y en otra de Riccheri al 3900. En esas viviendas fueron detenidas tres personas que resultaron condenadas a entre 4 y 6 años de cárcel por la tenencia de marihuana y cocaína. Según el texto remitido por el ministro Roberto Rosúa al titular de la Corte Suprema provincial, Rafael Gutiérrez, Marcos tiene además un trámite abierto por exacciones ilegales (pedido de retornos) en el juzgado de instrucción Nº 9 a cargo de Carlos Carbone.

El comisario Ljumberg, junto a otros cuatro policías, fue cuestionado por su "falta de capacidad funcional" el 13 de octubre del año pasado, en el procedimiento por el cual un hombre fue condenado a cuatro años de cárcel por tenencia de droga con fines de comercialización. Junto a él tienen causas abiertas los oficiales Claudio Kleiman, con imputaciones judiciales reiteradas en casos de ejecuciones sumarias y actualmente en funciones en la comisaría 14ª; el oficial Hugo Pereyra, que está en la comisaría 5ª; el oficial principal Claudio Romano (hoy en la comisaría 20ª) y el cabo Javier González, que no figura destinado en la Unidad Regional II.

En el caso de estos cinco oficiales, los jueces federales ordenaron que fueran investigados por falso testimonio. Además, resaltaron la "llamativa falta de precisión" en las respuestas que dieron al declarar en tanto autores del allanamiento. Por ejemplo, ninguno pudo precisar dónde estaban ubicados los testigos civiles durante la requisa en la que hallaron 46 envoltorios con marihuana y 90 con cocaína en una casa de Castagnino al 2000.

Otro de los que se encuentra señalado en la nota 445 del Ministerio de Gobierno al subsecretario de Seguridad, Gustavo Peters, es el actual jefe de Inteligencia Zona Sur de la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop). Se trata de Jorge Domingo Simil. El 6 de diciembre de 2005 los jueces federales cuestionaron la "deficiente actuación" de la repartición a su cargo en una causa en la que tres personas fueron condenadas a más de seis años de prisión por comercializar cocaína. Para el tribunal, Simil contaba con elementos para profundizar la pesquisa pero no lo hizo. También señalaron que tenía información precisa sobre el proveedor de la droga (un tal Luis de la ciudad boliviana de Yacuiba), pero no instrumentó medidas para atraparlo. "Como resultado, la investigación no superó el ámbito local", objetaron.

También está en curso la marcha judicial del expediente del comisario mayor Alberto Antegiovanni y el comisario Carlos Rodríguez. Al primero se lo acusa de encubrir a una familia vinculada al narcotráfico y de falso testimonio. A Rodríguez, por el segundo delito señalado.

La mayoría de los delitos presuntos por los cuales comenzaron investigaciones a todos los policías mencionados fue a instancias de los jueces federales Laura Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paulucci, que detectaron anomalías en el curso de procesos orales y públicos que presidían en Oroño al 900.

En una nota del 13 de junio pasado, este diario dio cuenta de la existencia de procesos contra policías federales y provinciales por anomalías en sus procedimientos. Eran 21 sentencias del mismo tribunal federal oral de Rosario que, al final de los juicios, ordenaba investigar a uniformados por casos de extorsión, encubrimiento, testigos plantados y falsedades.

La mayoría de los policías provinciales implicados allí, publicados en la nota de este diario, son los mismos que constaron después en las misivas que el 5 de julio último el Ministerio de Gobierno cursó al subsecretario Peters, al titular de la Corte Suprema santafesina y al presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, José Guillermo Toledo.

Hace una semana, el gobierno provincial anunció su intención de transformar la Dirección de Asuntos Internos y terminar con la supremacía del personal policial sobre el civil en esa delegación. Asuntos Internos es la instancia que realiza la valoración administrativa de policías bajo proceso judicial. Lo que pedía Rosúa era investigar la actuación de todos los funcionarios policiales que hubieran intervenido en las instrucciones, sumarios y diligencias respecto a personal de la fuerza bajo sospecha, en especial en operativos antidroga. El ministro quería saber sobre la celeridad y eficacia del procedimiento de Asuntos Internos, al tenor y tipo de las sanciones disciplinarias resueltas y si éstas resultaron conforme a derecho y adecuadas a las faltas investigadas.

Rosúa pidió la información a la Corte provincial y a la Justicia federal.