San Pablo: investigan ola de crímenes contra agentes penitenciarios

Asesinaron a cinco guardias en los últimos diez días. Se trataría de un plan de grupos criminales

En ataques que las autoridades atribuyen a una poderosa banda criminal, pistoleros no identificados mataron ayer en la ciudad de San Pablo a un agente penitenciario fuera de servicio, el quinto que cae asesinado en los últimos diez días en la convulsionada ciudad de Brasil.

Dos pistoleros, desde un auto, dispararon al agente Paulo Gilberto de Araujo cuando llegaba a su casa en el norte de San Pablo. Parientes y vecinos socorrieron al agente, de 54 años, llevándolo a un hospital cercano, pero ya había fallecido.

Los asesinatos de los cinco agentes habrían sido obra de la banda Primer Comando de la Capital (PCC), que en mayo lanzó una ola de ataques sin precedentes en San Pablo.

En un intento de brindar seguridad a los efectivos, el gobernador de San Pablo, Claudio Lembo, y el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, discutieron en la jornada un proyecto de ley para permitir que los agentes penitenciarios porten armas cuando están fuera de servicio.

Los ataques y la respuesta policial en mayo dejaron casi 200 muertos, entre policías, prisioneros y supuestos miembros del grupo criminal.

La más reciente cadena de muertes comenzó el 28 de junio, apenas dos días después que la policía dio muerte a 13 personas -una docena de hombres y una mujer- sospechosas de pertenecer al PCC y que según las autoridades planeaban ejecutar a guardias penitenciarios.

La policía dijo entonces que los sospechosos murieron en un intercambio de disparos a las afueras de una prisión en San Bernardo do Campo, un suburbio industrial a las afueras de San Pablo.

Las autoridades señalaron también que los sospechosos muertos planeaban -siguiendo órdenes de encarcelados jefes del PCC- ejecutar a por lo menos 60 carceleros a lo largo de 10 días y mientras estuvieran camino o saliendo del trabajo.

Los líderes de la banda, siempre según los dichos de las autoridades, también ordenaron en mayo una serie de revueltas en las 144 cárceles del estado paulista, muchas de las cuales quedaron parcialmente destruidas debido a los alzamientos.

La penitenciaria en Araraquará, a unos 250 kilómetros al noroeste de San Pablo, quedó en mayo tan destruida que sus casi 1.450 reclusos aún están confinados en un área que resultó menos dañada: un patio exterior con capacidad para 200 internos, dijo la Secretaría de Administración Penitenciaria de San Pablo. Para evitar un escape de los reclusos fue cerrada la puerta metálica que da acceso al patio, lo que obliga a los guardias a lanzar comida y medicinas a los internos por encima de los muros de la prisión.


Centenares de enfermos
Las autoridades informaron que seis médicos, escoltados por la policía militar, comenzaron ayer a atender a un centenar de presos enfermos -de diabetes, hipertensión y asma- en Araraquará.

Se espera que para fines de la próxima semana, dos de los ocho pabellones de celdas de la prisión ya estén reparados, lo que permitiría que unos 600 internos salgan del patio, dijeron funcionarios, sin detallar cuándo estarían refaccionadas las otras seis secciones.

La grave situación en Araraquará salió a la luz el jueves cuando el diario Folha de San Pablo publicó en su sitio de Internet fotos aéreas del patio de la prisión. "Este drama humano no fue causado por nosotros, sino por los propios presos", dijo el gobernador Lembo, citado por Folha. "Tenemos que preservar la seguridad de la sociedad manteniendo a los presos detenidos en un edificio totalmente destruido por ellos mismos", agregó. (AP)

Presos hacinados en el patio de la cárcel de Araraquará.