La década que hizo estragos

El principio de la hecatombe para la industria naval argentina fue al inicio de los 90, cuando se dictaron medidas que desregularon la actividad de la marina mercante. Los decretos de "necesidad y urgencia" 1772/91, 2094/93 y 2733/93, que le abrieron la puerta a la competencia extranjera, fueron derogados en 2004 a través del decreto 1010, que recomponía algunas de las barreras paraanceleracias para operar en aguas argentinas.

Por estos días, la industria naval reclama la prórroga de este instrumento o la sanción de una ley que vuelva permanentes las normas que protegen la actividad. En 1991, el decreto 1772 había dispuesto el cese provisorio de bandera para buques y artefactos navales, salvo los destinados a la pesca, lo que provocó una masiva utilización de las banderas de conveniencia (generalmente de países con controles muy laxos o eximidos de gravamenes). Un año después, el decreto 1493, que dispuso la creación del registro de buques extranjeros y habilitó el arrendamiento de embarcaciones extranjeras a casco desnudo para todo tipo de actividades.

En otras palabras, les otorgó el derecho a ser consideradas iguales que las de bandera nacional. El decreto 2236/91 iba en este sentido para la actividad pesquera. Esto condujo a la reducción de unidades de la marina mercante, de 149 unidades en 1991 a 66 en 2003.

A esto hay que sumarle que el marco regulatorio durante los 90 permitió el ingreso de barcazas usadas para transitar la hidrovía Paraná-Paraguay. En ese período el crecimiento del transporte fluvial pasó de 700 mil a 12 millones de toneladas. Las distintas entidades que conforman la industria naval también insistieron días pasados con la puesta en funcionamiento de los instrumentos financieros previstos para incentivar al sector, entre ellos los que ofrece el Banco Nación para financiar la construcción de buques en astilleros argentinos durante tres años por un monto total de 740 millones de pesos.