Desestiman demanda a la Municipalidad cañadense

Cañada de Gómez.- Una demanda iniciada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Empleado Municipal contra la Municipalidad de esta ciudad por el resultado de una auditoria contable fue rechaza por la Justicia tras ser considerada como "improcedente". Fundamentaron esa decisión en el hecho de que se trata de un ente autárquico que funciona dentro la órbita del municipio cañadense.

Los miembros de la caja solicitaron la nulidad de una auditoria contable efectuada por el Departamento Ejecutivo que redujo el saldo a cobrar en casi un millón de pesos y en una supuesta falta de "predisposición" de la intendenta Stella Clérici de saldar convenientemente el importe adeudado.

Luego de una falta de entendimiento entre quienes componen la Caja de Jubilaciones y las actuales autoridades, los directivos del organismo que defiende los derechos de los trabajadores resolvieron llevar el caso a la Justicia, pero un fallo reciente indicó que es "inadmisible" que se pueda resolver dicho pleito en el ámbito judicial.

"Como funcionario municipal que integra la caja aconsejé al resto de los directivos no hacer ninguna demanda, pero no me hicieron caso. Ahora van a tener que pagar las costas a los abogados litigantes, lo que significará un perjuicio para el empleado municipal", dijo a este diario el secretario de Gobierno, Alejandro Paz.

El funcionario dijo además que "existen otras vías para dirimir los conflictos", al tiempo que intentó llevar tranquilidad a los empleados del municipio. "Así como dijimos que era irresponsable iniciar un juicio también digo que la Caja de Jubilaciones cobrará hasta el ultimo centavo que se le adeuda. Los haberes jubilatorios están garantizados", resaltó.

La Justicia dictaminó que "los conflictos de esta naturaleza sólo pueden resolverse de modo de armonizar ambas partes, pero existe autarquía, es decir que forman parte de la misma unidad. No sostener esta inteligencia llevaría a conclusiones disgregadoras de toda racionalidad produciéndose un desgarramiento".

Y añadió que "la doctrina especializada ha explicado que el recto criterio rechaza la posibilidad de un pleito entre el municipio y uno de sus entes autárquicos, puesto esto último significa litigar contra sí mismo. Solo los particulares están autorizados a hacerlo".