Ordenan investigación sumaria por la denuncia de un penal VIP

Lo hizo el jefe de la UR II. La mujer de un preso dijo que le exigieron dinero para mejorar las condiciones de detención

La Jefatura de la Unidad Regional II ordenó ayer una investigación sumaria a los efectivos de dos secciones dependientes de la Agrupación de Unidades Especiales con el fin de deslindar responsabilidades acerca de la denuncia hecha por la esposa de un hombre detenido en el lugar. La mujer hizo una presentación en los Tribunales en la cual manifestó que “agentes de Seguridad Personal” le exigieron importantes sumas de dinero para que su marido tuviera acceso a ciertos beneficios durante su detención en “un penal VIP” y evitar su traslado a una unidad penitenciaria federal de la provincia de Buenos Aires.

  Según trascendió ayer, el mismo titular de la UR II, José Manuel Maldonado se hizo cargo de la instrucción de la pesquisa. “La investigación sumaria es un trámite administrativo, independiente de lo que realice la Justicia, que tiene por finalidad deslindar las responsabilidades del personal que presta servicios en los sectores denunciados”, comentó ayer un alto jefe policial.

  En tanto, el jefe de la Agrupación Unidades Especiales, el comisario mayor Alejandro Franganillo, negó “terminantemente” que en el seno de su dependencia exista un penal VIP. “Eso no es posible porque aquí no hay ningún penal y por eso los pocos presos que debemos alojar por orden judicial deben compartir obligadamente las instalaciones con el personal policial”, sostuvo el alto oficial.

  La denuncia fue presentada el viernes por María Ester Arce ante la fiscal Adriana Camporini. En el escrito, la mujer dijo que su esposo fue detenido el pasado 29 de julio y procesado en una causa federal por drogas. Sin embargo, quedó alojado en la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200, en dependencias de la Sección Seguridad Personal porque fueron efectivos de la policía santafesina quienes lo apresaron. Allí, dos efectivos (a los que identificó como D.S. y V.) le exigieron una entrega de 6 mil pesos a modo de inscripción y una cuota mensual de 500 pesos más para que el hombre “tenga una especie de servicio VIP” en el lugar de prisión.

  Al detallar el alcance de esos “servicios”, la mujer relató ante la fiscal que su esposo estaba en un lugar junto a otros 7 detenidos. Ese sitio tiene un baño con agua caliente y una cocina que se comparte con el personal policial en la cual el apresado podía cocinar, preparar mates y recibir visitas que no eran sometidas a requisas. Nada de lujo, pero un paraíso en comparación con los atestados penales de comisarías.

  Vale recordar que en el complejo de la Unidad Regional II de la zona sur de la ciudad no hay alcaidía alguna, salvo el penal policial, y que los 12 presos que ayer estaban alojados allí “están en piezas y oficinas adaptadas para la circunstancia” dentro del edificio que ocupa la Agrupación de Unidades Especiales, de la cual depende Seguridad Personal.

  Arce denunció que por falta de dinero no accedió al reclamo de los policías, quienes el pasado 15 de agosto le reclamaron otros 10 mil pesos para evitar que su marido fuera trasladado a la cárcel federal de Ezeiza. “Lo que más me dolió es que te cobren para que un familiar esté preso. Y si no tenés plata, se lo llevan lejos. No siento haber hecho algo heroico por denunciar esto, sólo me indignó que me pidan plata”, dijo Arce a La Capital.

  “El 3 de agosto se hizo el pedido a la Justicia Federal para que se realice el traslado del detenido porque en Jefatura no hay lugar para el alojamiento de detenidos. Recién el 12 de octubre llegó la orden de traslado y se cumplimentó por decisión judicial y no porque haya habido alguna extorsión por parte del personal”, aseguró Franganillo (ver aparte).

  El esposo de la denunciante fue derivado al penal de Ezeiza el pasado 12 de octubre por orden del juzgado federal en el cual está radicada la causa que lo investiga. Dos días más tarde se hizo la denuncia por la extorsión en los Tribunales y ayer mismo el jefe de la policía rosarina dio la orden de iniciar el sumario administrativo que permita echar luz sobre la grave denuncia efectuada en los Tribunales.