A la caza. En lo que va del año y ase tramitaron 605 reclamos en la sede local de la Defensoría del Pueblo

Vuelven las denuncias por multas que generan los radares

Ahora también se sanciona el traspaso de la doble línea amarilla. Los aparatos no tienen autorización

Carina Bazzoni / La Capital

Por cada día hábil del año unas cuatro personas se acercaron a la delegación local de la Defensoría del Pueblo para reclamar por una multa que habían recibido al transitar por los municipios y comunas que se encuentran sobre las rutas 33, 11 y 8. Y desde hace un mes los radares en algunas de estas vías no sólo salen a la caza de los excesos de velocidad sino también de los conductores que avanzan sobre otro vehículo sin respetar la doble línea amarilla. Aún así, los aparatos no están autorizados para funcionar en la provincia.

De esta forma, la polémica desatada desde la instalación de los primeros cinemómetros en las rutas santafesinas parece sumar un nuevo capítulo; y simultáneamente, entre los detractores de este tipo de controles, aumentan las sospechas sobre el "exclusivo fin recaudador" del sistema.

"Realmente están lloviendo los reclamos y consultas por este tema", advirtió el defensor del pueblo, Carlos Bermúdez.

Un panorama similar pintaron desde la Subsecretaría de Transporte de Santa Fe. "Hay cientos de quejas", sostuvo Jerónimo Bonavera, asesor en el área de Tránsito y Seguridad Vial de la dependencia provincial.

En lo que va del año, en las oficinas locales de la Defensoría ya se presentaron 605 denuncias relacionadas con multas labradas mediante radares, de las cuales 401 se realizaron dentro de la provincia. Y la mitad de estas infracciones se alzaron en sólo dos localidades: Pujato y Venado Tuerto.


Un nuevo "cazabobos"
Justamente en el primero de estos municipios comenzó hace un mes a funcionar un singular operativo de control que, merced a sus características y a lo cuantiosa que resultan las multas (más de 100 pesos), en los pasillos de la Defensoría ya se ganó el mote de "nuevo cazabobos".

Desde hace casi un mes, primero en Pujato y luego en Correa se volvieron a poner sobre la ruta los radares. Pero las cámaras ya no controlan los excesos de velocidad, sino que los automovilistas respeten la prohibición de no adelantarse en la doble línea amarilla.

Todo esto, sin que los aparatos estén autorizados y muchas veces abusando de métodos non sanctos: como aquellos que incluso inducirían a los conductores a transgredir las normas de tránsito.

"Sabemos que en muchos casos se colocan camiones estacionados en las rutas justo en el mismo lugar donde se instalan las cámaras. Por lo que los autos se ven obligados a pasarlos y, en ese momento, los fotografían", denunció Bermúdez.

Otro punto que induce sospechas es la discrecionalidad con que se seleccionaría a los infractores. "Hasta ahora todos los reclamos por este tipo de multas sancionadas en la comuna de Pujato vienen de gente de Rosario y de Casilda, porque parece que a la gente del pueblo el intendente no los sanciona", sostuvo Bermúdez.

Pero las sospechas no terminan allí. Hace una semana un conductor se enteró que, en un mismo día había sido sancionado en Pujato y en Correa. El problema es que las multas se labraron con sólo dos minutos de diferencia, siendo impensable que un vehículo circule por la ruta 9 y la 33 al mismo tiempo.

En otros casos, en las actas figura el registro de la infracción en un horario en que los coches multados no circulaban por este lugar, y sus conductores lo acreditaban claramente con el ticket de los peajes, demostrando así que habían ingresado en la ruta mucho tiempo después.

Situaciones que "hablan a las claras de que los sistemas de constatación no están funcionando como debieran", concluyó Bermúdez.


Controles fuera de ley
La Subsecretaría de Transporte de la provincia intimó hace semanas a los municipios de Pujato y Correa a la inmediata suspensión de este tipo de controles y sanción de infracciones por estos métodos. Sin embargo, las quejas y denuncias por este tema siguen llegando a la Defensoría y son tantas que en ese organismo ya cuentan con modelos preimpresos para el descargo y la impugnación de las actas por parte de los supuestos infractores.

"No se trata de defender a quienes no respetan las normas de tránsito -sostuvo Bermúdez- sólo exigimos que para sancionarlos se empleen los métodos correctos, aprobados y legalizados".

En este sentido, el defensor del pueblo consideró que los operativos de control "deben servir para garantizar la seguridad vial y no para emitir un montón de multas con un fin exclusivamente recaudatorio".

Igual declaración de principios expuso el asesor de la subsecretaría provincial de Transporte. "Con estas multas, los primeros que están en infracción son los municipios y comunas -indicó Bonavera- ya que desde abril del año pasado ningún radar está autorizado a funcionar en las rutas provinciales".

Por esta fecha, la Subsecretaría de Transporte emitió una resolución para suspender todos los procedimientos de control de velocidad mediante radares hasta tanto se reglamentara la ley que regula su uso. Esta entró en vigencia el pasado mes de diciembre, sin embargo "ningún municipio rehizo el convenio que autoriza la reinstalación de los radares, por lo cual todas las multas que se labren por este sistema son inválidas", explicó el asesor en materia de tránsito y seguridad vial.

Lo mismo sucede con las cámaras que detectan a quienes traspasan la doble línea amarilla. "Hasta que las municipalidades firmen el convenio con la provincia y ésta los autorice a usar los aparatos, no pueden poner en marcha los controles", aclaró Bonavera.

-¿Entonces quienes reciben boletas no tienen que pagarlas?

-Bueno, por ahora los equipos no están autorizados para realizar estos controles, por lo tanto no deberían pagarlas sin antes consultar a la Subsecretaría de Transporte.

Venado Tuerto, una de las ciudades que más multas registra.