El gobierno amagó pero no pudo salvar a Boggiano

El magistrado había mostrado señales al presidente, pero la presión de la comisión de Diputados fue más fuerte

¿Deseaba el gobierno que el Senado suspendiera al ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano?

Esta pregunta que muchos se hicieron en las últimas semanas en el Congreso en realidad encontró a la Casa Rosada casi indiferente ante la inercia de los hechos. Había entre los legisladores una sensación de cosa resuelta que el silencio oficial contribuyó a alentar.

Cuando el juicio político a Boggiano fue impulsado en Diputados, el Ejecutivo dejó trascender su interés en que la renovación de la Corte se detuviera antes de expulsar a un quinto miembro. Este argumento se basaba en dos consideraciones.

Una, que el ex integrante de la mayoría automática demostraba una actuación más funcional a los propósitos gubernamentales que algunos de los magistrados recientemente ingresados al supremo tribunal, quienes exhibieron desde el comienzo posiciones mucho menos articuladas. La segunda, que el presidente Néstor Kirchner quedaría expuesto a la crítica justificada de la oposición por remover y reemplazar con hombres por él designados a la mayoría de los jueces de la Corte.

En esa instancia, el gobierno ya se había erigido en el renovador de la desacreditada Corte menemista y Boggiano era visto como una víctima innecesaria.

Pero La Rosada volvió a respetar uno de los mandamientos del kirchnerismo: evitar medidas que tengan alto costo político frente a la opinión pública. En consecuencia, el mensaje de moderación llegó con sordina a la comisión de Juicio Político pero no fue suficiente para frenar la mediática embestida contra los jueces que encabezaba su titular, Ricardo Falú.

Un encumbrado hombre del oficialismo en el Senado asegura hoy que en realidad en ese momento el gobierno simuló intentar salvar a Boggiano para demostrarle que hicieron todo lo posible. Otro miembro de la bancada justicialista abona esta teoría al sostener que con esos gestos el Ejecutivo también procuró evitar abrir otro frente de conflicto con la Iglesia Católica habida cuenta de la fuerte vinculación del suspendido magistrado con la curia.

La reconstrucción de ciertos hechos muestra que el Ejecutivo no pudo frenar el proceso que Falú había puesto en marcha, al menos sin asumir las consecuencias políticas de plantearlo públicamente.