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 domingo, 26 de junio de 2005  
Las cartas estaban jugadas

Jorge Liotti

¿Deseaba el gobierno que el Senado suspendiera al ministro de la Corte Suprema Antonio Boggiano? Esta pregunta que muchos se hicieron en las últimas semanas en el Congreso en realidad encontró a la Casa Rosada casi indiferente ante la inercia de los hechos. Había entre los legisladores una sensación de cosa resuelta que el silencio oficial contribuyó a alentar.

Cuando el juicio político a Boggiano fue impulsado en la Cámara de Diputados el Ejecutivo dejó trascender su interés en que la renovación de la Corte se detuviera antes de expulsar a un quinto miembro. Este argumento se basaba en dos consideraciones.

Una, que el ex hombre de la mayoría automática demostraba una actuación más funcional a los propósitos gubernamentales que algunos de los nuevos integrantes del Supremo Tribunal, que exhibieron desde el comienzo posiciones mucho menos articuladas. La segunda, que el presidente Néstor Kirchner quedaría expuesto a la crítica justificada de la oposición por remover y reemplazar con hombres por él designados a la mayoría de la conformación de la Corte.

En esa instancia el gobierno ya había conseguido eregirse en artífice de la renovación de la desacreditada Corte menemista. Boggiano era visto como una víctima innecesaria.

Pero el gobierno volvió a respetar uno de los mandamientos más sagrados del kirchnerismo: evitar la adopción de medidas que tengan alto costo político frente a la opinión pública. En consecuencia, el mensaje de moderación llegó con sordina a la comisión de Juicio Político de Diputados y no fue suficiente para frenar la mediática embestida contra los jueces que encabezaba su titular, el tucumano Ricardo Falú.

Un encumbrado hombre del oficialismo en el Senado asegura hoy que en realidad en ese momento el gobierno simuló intentar salvar a Boggiano para demostrarle que hicieron todo lo posible. Otro miembro de la bancada justicialista abona esta teoría al sostener que con esos gestos la Casa Rosada también procuró evitar abrir otro frente de conflicto con la Iglesia Católica, habida cuenta de la fuerte vinculación del suspendido magistrado con la curia.

Pero la reconstrucción de ciertos hechos parece demostrar que en realidad el Ejecutivo no pudo frenar el proceso que Falú había puesto en marcha, al menos sin asumir las consecuencias políticas de plantearlo públicamente. Los legisladores siguieron entonces el mismo principio: "Si ellos no sacan la cara para decir que quieren que salvemos a Boggiano, acá no va a haber una inmolación en masa", explicó un senador oficialista habituado tanto al lenguaje frontal como al debate sobre temas judiciales con funcionarios del gobierno.

Y eso fue en efecto lo que sucedió el miércoles. Todos escucharon pacientemente la defensa del magistrado, pero las cartas estaban echadas. Al momento de iniciar la sesión en el oficialismo aseguraban que no había habido intervención directa desde Balcarce 50 y sólo admitían haber escuchado pedidos de misericordia de parte de voceros ligados a la Iglesia.

La prueba final la dio Cristina Fernández de Kirchner, quien ayudada por algunos razonamientos irónicos y soberbios del defensor de Boggiano, Marcelo Sancinetti, se dio margen para adoptar una posición frontalmente opuesta a los planteos de recusación y nulidad expuestos por el juez.

De este modo la figura más emblemática que tiene el gobierno en el Senado cerró la parábola que se inició con aquellos mensajes de moderación enviados a Falú y que terminó con un aval explícito a la suspensión de Boggiano.

Al día siguiente el propio Falú se encargó de cerrar la caja de pandora al anunciar que serían archivadas todas las causas que estaban pendiente de tratamiento en su comisión.

El gesto habría respondido a una decisión personal del diputado de no seguir en el centro de las críticas de aquellos que juzgan su actuación políticamente interesada. Es muchos más difícil pensar en un ejercicio de presión desde el gobierno, con el que el tucumano no mantiene más conexión desde hace muchos meses.

Son mayoría los senadores que sostienen que después de la suspensión votada el miércoles no hay margen para exonerar a Boggiano.

Los pasos procesales a seguir ahora son vistos como formalidades que todos habrán de cumplir para mantener la legalidad del juicio. Pero la única puerta que según los senadores se mantiene entreabierta es la de la renuncia del magistrado. Para el gobierno ésta es una historia concluida. El próximo capítulo será resolver el sensual pero incómodo desafío de completar los casilleros vacantes (también por la renuncia de Augusto Belluscio) con jueces a los que se les requerirá menos prestigio y mayor comprensión política.
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