Agencias de publicidad de Brasil contra las cuerdas por el escándalo de corrupción

Nuevas sospechas sobre el empresario acusado de pagar las coimas mensuales a los congresistas

San Pablo. - Las compañías de publicidad del empresario acusado de financiar un escándalo de sobornos en el Congreso brasileño retiraron más de 8,4 millones de dólares de cuentas bancarias en los últimos dos años, de acuerdo con informes difundidos ayer. La revista IstoE dijo que numerosas extracciones de efectivo fueron realizadas durante el período en el que el Partido de los Trabajadores del presidente Luiz Inacio Lula da Silva presuntamente pagó sobornos mensuales de más de 12.000 dólares a los congresistas para mantener intacta la frágil coalición gobernante.

Las empresas son de Marcos Valerio, el ejecutivo de la industria publicitaria acusado por el legislador Roberto Jefferson de ser responsable de recolectar el dinero de los sobornos. El escándalo estalló cuando Jefferson - por entonces líder de una agrupación política aliada del oficialismo- denunció hace dos semanas que funcionarios del partido de Lula distribuyeron "portafolios llenos de dinero" a los legisladores.

El nuevo indicio compromete seriamente a Valerio, cuya agencia prosperó mucho en los últimos años al obtener contratos de publicidad del Banco de Brasil (estatal, el mayor del país) y de varias empresas oficiales, entre ellas la de los Correos, en cuyos desvanes tuvo inicio la actual crisis política.

A raíz del escándalo, Lula trabajaba durante el fin de semana para reorganizar su gabinete. Canceló un viaje a Colombia y Venezuela a comienzos de semana para atender la crisis política desatada por las revelaciones de corrupción. Jefferson dijo que el ministro de Finanzas, Antonio Palocci, y el ex jefe de gabinete presidencial José Dirceu tenían conocimiento de los sobornos, pero no hicieron nada para frenarlos.

La revista indicó que revisó un informe de las autoridades nacionales que mostraba que las empresas de Valerio efectuaron más de 100 extracciones importantes -algunas de ellas equivalentes a más de 170.000 dólares- entre julio de 2003 y mayo de 2005. De acuerdo con las leyes brasileñas, el gobierno debe ser notificado cuando los retiros de dinero son de 42.000 dólares o más.

IstoE no ofreció detalles sobre cómo fue depositado el dinero en cuentas de las compañías, o qué fue lo que se hizo con él después de las extracciones. Valerio ha negado en reiteradas oportunidades su participación en el escándalo de corrupción.

En una entrevista de hace dos semanas con IstoE, la ex secretaria de Valerio, Fernanda Karina Ramos Somaggio, respaldó las acusaciones de Jefferson de que su ex jefe era responsable de obtener el dinero para los supuestos sobornos.

Somaggio dijo que Valerio autorizaba las extracciones de importantes sumas de dinero después de contactos frecuentes con el tesorero del Partido de los Trabajadores, Delubio Soares. Jefferson ha expresado que Soares organizó el pago de sobornos.

Soares, el ministro de Finanzas Palocci, el ex jefe de gabinete Dirceu, y el Partido de los Trabajadores, han negado su participación y conocimiento de los presuntos sobornos.


La primera baja
Dirceu, un cercano aliado y amigo personal de Silva, renunció a su cargo el 16 de junio, en medio de acusaciones de que tenía conocimientos sobre los sobornos. El Partido de los Trabajadores no tiene mayoría en el Congreso y depende del apoyo de otras agrupaciones políticas para aprobar los proyectos legislativos.

El agravamiento de la situación llevó al presidente a intensificar en los últimos días las negociaciones con el Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB), al cual ofreció, en el almuerzo del viernes con sus principales líderes, cuatro ministerios y participación activa en la elaboración de políticas de gobierno.

La crisis política obligó a Lula a suspender una gira.