Aumento del presupuesto y calidad de la enseñanza universitaria

"En el parlamento, el debate educativo no está en absoluto jerarquizado"

El senador nacional Rubén Giustiniani propone abrir el debate sobre la ley de educación superior

Matias Loja

La actual ley de educación superior, que este año cumple una década de aplicación, fue hecha al influjo de la etapa neoliberal, funcionando como instrumento de una concepción que consideraba a la educación como un gasto y no como una inversión. Y que además fue concebida a espaldas de la comunidad universitaria, sin un debate profundo. De esta forma, describe el senador nacional Rubén Giustiniani al marco legal que rige sobre la vida de la enseñanza superior del país.

Giustiniani, quien fuera electo decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 1993, es actualmente legislador por el Partido Socialista en la Cámara Alta de la Nación e integrante a su vez de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Por estos días ha presentado en Buenos Aires una jornada sobre "política educativa y marco legal de la educación superior", con la presencia de funcionarios nacionales, rectores, investigadores y representantes de los gremios docente y estudiantil.

Abrir canales de discusión con los protagonistas reales de la educación para diagramar una nueva ley es, según el legislador, el principal objetivo de esta jornada. Espacio que se suma a un conjunto de instancias y convocatorias que desde distintos sectores pugnan por reformar (o derogar en algunos casos) la actual normativa universitaria.

-¿Qué se intenta cambiar con la búsqueda de estos consensos?

-En la etapa de Menem hubo muchísimas movilizaciones de oposición a toda una política en donde hubo una restricción presupuestaria muy importante. No solamente se trata de volver a reinsertar a la universidad en parámetros presupuestarios significativos, porque tenemos un retraso muy fuerte con respecto a la inversión educativa en la enseñanza superior en comparación con Chile, Brasil o México, para tomar países de América latina. Si no porque además estamos en una globalización en donde el conocimiento es la ventaja comparativa fundamental de las naciones.

-Las propuestas con respecto a la actual ley de educación superior van desde la derogación de la misma hasta la modificación de algunos artículos puntuales ¿Qué plantea usted al respecto?

-La alternativa es definir una nueva ley que sea una política de Estado a mediano y largo plazo, con una visión de presente y de futuro de lo que hoy debe ser la educación en la República Argentina. En ese aspecto, considero que los instrumentos, al calor de las políticas neoliberales, hoy son absolutamente caducos. Nunca los compartí en su esencia. Y por eso creo que lo que se trata hoy es de reemplazar esos instrumentos legales por otros que fijen una visión nueva .

-¿Cuál es la presencia real del tema educativo en general, y el universitario en particular, en el debate parlamentario?

-Muy poca. Y lamentablemente en el presupuesto nacional año por año queda siempre casi como una variable de ajuste. En los últimos 10 años no hubo prácticamente aumento del presupuesto universitario ni educativo. Basta con ver la incidencia del porcentaje de educación con respecto al Producto Bruto Interno (PBI) para comprobar una caída permanente. Y solamente pudo discutirse en estos últimos años lo que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que ha sido absolutamente insuficiente para lo que hoy debe ganar un maestro en la Argentina, y también en el plano universitario, en donde los salarios de los docentes son verdaderamente muy bajos.

-Pero más allá de la cuestión financiera, que sin duda es uno de los principales problemas que afecta al sistema, la discusión acerca de la pertinencia social de la universidad y el perfil de los egresados que se necesitan, ¿es abordado en las cámaras legislativas?

-En el parlamento el debate educativo no está en absoluto jerarquizado. Nosotros vemos que las leyes en materia educativa ocupan, en la agenda parlamentaria, bastante poco espacio.

-Pese a que el tema está presente en la totalidad de los discursos de campaña de los dirigentes políticos...

-Así es, pero en la realidad se concreta en bastante poca dimensión. De hecho, quienes hemos sido autores de proyectos de ley universitaria, que perdieron estado parlamentario, vimos como siempre han quedado prácticamente en el cajón y en el olvido. Por eso, en este marco en el cual queremos darle un nuevo impulso al debate, buscamos comprometer a los sectores políticos y a la comunidad educativa para que esto pueda concretarse en un nuevo marco legal.

-Puntualmente, ¿qué aspectos de la actual ley encuentra negativos?

-Primero, hay que definir una universidad de mayorías y no de elite. Una universidad donde el contenido, la enseñanza y la calidad de la misma estén de la mano con las necesidades que muchos sectores de la sociedad, para que puedan tener acceso a la enseñanza superior. Desde ese punto de vista, estamos absolutamente en contra de los parámetros de la actual ley que permite el arancelamiento y las restricciones al ingreso. En segundo lugar, una ley que defina claramente una inserción en el campo de la investigación y el desarrollo científico-tecnológico del país. Es fundamental articular el conocimiento producido en las universidades con los institutos de ciencia del país, ya que en las universidades argentinas se produce el 80 % de la investigación nacional, y por lo tanto debe planificarse a mediano y largo plazo qué se investiga, cómo se investiga y para qué se investiga. Otro aspecto fundamental es articular el papel de la universidad argentina en el marco del Mercosur, integrando a las instituciones de la región. Y el último elemento fundamental de una nueva ley universitaria es que los procesos de nivel académico y de excelencia se den en la medida en que exista una decisión política fuerte de inversión en el campo educativo. Por eso debiera haber un compromiso, junto con la sanción de una nueva ley, de llevar a los hechos, en la aprobación de los presupuestos anuales, un incremento del porcentaje de la educación con respecto al PBI nacional.

"Estamos en contra del arancelamiento".