La rebelión de los intendentes ya llegó a la Legislatura

Los jefes municipales presionan para modificar el presupuesto provincial 2004. Apuntan a mejorar sus ingresos

La pelea por la redistribución de los ingresos coparticipables en Santa Fe le abrió al gobierno provincial un frente de conflicto con intendentes y presidentes de comuna. La pelea estalló en la discusión del presupuesto 2004 y el botín es el excedente que genera el aumento de la recaudación, producto de la mayor actividad económica.

El objetivo de máxima es recibir de lleno el porcentaje de recursos coparticipables, sin techos ni montos fijos que distorsionen la distribución. El de mínima, es lograr un aumento en el impuesto a la patente automotor, que vuelve en un 90% a la jurisdicción de origen.

Hace dos semanas, intendentes y presidentes de comuna se reunieron con los integrantes de la comisión de Presupuesto del Senado provincial para llevar este planteo. La falta de acuerdo obligó a los legisladores a pasar para el jueves próximo el tratamiento de la ley de leyes.

Los representantes del bloque oficialista advirtieron que es imposible introducir la discusión de la coparticipación en el presupuesto, mientras dure el período de sesiones extraordinarias. Sí dejaron abierta la puerta a una modificación en el impuesto a la patente, a pesar de que el mensaje enviado por el Ministerio de Hacienda incluye un artículo que congela la alícuota de ese gravamen.

La cláusula inhibió la aplicación de una norma del Código Fiscal que obligaba a la revaluación del parque automotor, lo que implicaba un encarecimiento de la patente. Aunque la medida es simpática para los automovilistas no lo es para muchos intendentes, que están dispuestos a pagar "el costo" de promover la suba de ese tributo, a cambio de una mayor recaudación. Incluso consideran que se trataría de una medida fiscal justa y progresiva.

El senador por la capital provincial y presidente de la comisión de Presupuesto, Juan Carlos Mercier, defendió el mandato enviado por el gobernador Jorge Obeid y, aunque dijo estar dispuesto a discutir el régimen de coparticipación, remarcó debe ser después de aprobado el presupuesto 2004.

Lo que empezó siendo una cruzada de los distritos del sur santafesino, ya se extendió a casi todo el territorio. Según un senador justicialista de peso, al menos siete de los legisladores de su bancada están en contra al presupuesto que envió Obeid, que sumados a los cuatro opositores son 11 de 19 los que buscan modificar el proyecto. Desde Diputados varios representantes hicieron saber su postura de que dormirían el proyecto en las comisiones hasta tanto no lograr cambios a la ley de leyes.

Más allá de los alineamientos políticos, los legisladores también sienten la presión regional. Muchos de ellos, incluso, fueron jefes comunales hasta diciembre pasado. Los intendentes se quejan porque el gobierno provincial les traslada el ajuste acordado con la Nación para conseguir un superávit fiscal primario de 210 millones de pesos de superávit primario, pero no les traslada los excedentes de recaudación. "La provincia se muestra ordenada pero deja que se incendien los municipios", braman.


La presión gremial
Los gobiernos municipales y comunales apuran la redistribución de la coparticipación para hacerse de caja porque reconocen por lo bajo que en el corto plazo tomará fuerza el reclamo salarial de los empleados municipales, que tienen a sus pares provinciales como referencia. Al punto que varios están dispuestos a pagar el costo de quedar como quienes pidieron el aumento, por ejemplo, del impuesto sobre las patentes.

Desde la oposición, de adentro y afuera del justicialismo, se teme además que la provincia aproveche los excedentes para asignarlos con discrecionalidad política, "al estilo de un ATN provincial".

Desde el Ministerio de Hacienda provincial admitieron que evalúan medidas para contener ese frente pero insisten en que el margen es ajustado. Santa Fe debe cumplir con el Programa de Financiamiento Ordenado (PFO) firmado hace un mes y medio con la Nación y el presupuesto, aseguran, fue "confeccionado con austeridad y equilibrio".

Funcionarios de la cartera económica se mostraron dispuestos a discutir la coparticipación con los municipios y comunas pero una vez que cierre la discusión sobre el mismo tema con el gobierno nacional. De otro modo, se negociaría sobre un escenario inestable. El ministro de Hacienda, Walter Agosto, puso como ejemplo la anunciada reducción del impuesto al cheque. Según las distintas modalidades, ese cambio significa una pérdida de entre 40 y 100 millones de pesos para la provincia.