Impuestos. Crece la recaudación en la provincia pero los municipios quedan fuera del reparto

Coparticipación: Rosario perderá 50 millones este año

La Municipalidad recibiría esa suma adicional en 2004 si se respetaran los porcentajes históricos de distribución

Marcos Cicchirillo / La Capital

De no mediar cambios en la coparticipación provincial, Rosario "verá pasar" hacia otros destinos, mayoritariamente el fisco santafesino, más de 50 millones de pesos en 2004. Estos recursos generados en la región, que podrían ser volcados para atender las múltiples necesidades de la ciudad, representan el 15% del presupuesto municipal. De percibirse, significarían un aumento del 40% en los ingresos coparticipables de la Municipalidad.

Estos números refuerzan los argumentos del intendente Miguel Lifschitz en su pelea por la autonomía municipal y, a la vez, alimentan los cuestionamientos al actual sistema de distribución de impuestos en la provincia, causa de una ofensiva de intendentes y presidentes comunales sobre la Legislatura provincial en momentos en que se analiza el proyecto de presupuesto elaborado por el Ministerio de Hacienda. En total, están en juego unos 172 millones de pesos que el gobierno provincial debería girar a estas jurisdicciones si derogara una serie de medidas que modificaron la ley de coparticipación.

En el caso de Rosario, estas medidas obligan a resignar este año 30 millones de pesos recaudados por impuestos nacionales y otros 20 millones por impuestos provinciales, según los números que se desprenden del análisis del presupuesto santafesino y datos del Ministerio de Economía de la Nación.

Por eso, Carlos Fernández, secretario de Hacienda local, pretende discutir un nuevo esquema de reparto, "más transparente", ligado a los niveles de recaudación, y que contemple "la periodicidad y automaticidad en la remisión de fondos para permitir una adecuada planificación financiera a los municipios y comunas".

Los recursos en discusión servirían en parte para otorgar los aumentos salariales que vienen reclamando los empleados públicos -en sintonía con los provinciales-, morigerar un posible aumento de las tasas municipales en el mediano plazo, y avanzar en diversos proyectos prometidos durante la campaña, relacionados con la promoción de la producción, el comercio y el turismo.


El conflicto
La distribución de impuestos en Santa Fe comenzó a alterarse sustancialmente con el pacto fiscal firmado con la Nación hace una década, cuando se fijó un techo a las transferencias a las provincias. Por encima de determinada cifra el excedente debía ser utilizado para pagar deudas consolidadas o financiar programas de reformas estructurales.

Para el fisco santafesino, este acuerdo establecía un nivel de ingresos nacionales del orden de los 870 millones de pesos anuales, de los cuales un 13,43% se giraba luego a los municipios y comunas. Pero en el 93, con el fin de ajustar esa distribución a los mismos criterios del pacto fiscal firmado con la Nación, convirtió el resultante de ese porcentaje, unos 110 millones de pesos, en un monto fijo.

Mientras la recaudación se mantuvo a niveles más o menos constantes, durante la convertibilidad, el esquema cerraba para todos. Pero a partir de fines del año 2002, por la inflación y la recuperación económica, los ingresos comenzaron a aumentar, generando un excedente que puso en crisis el sistema de reparto por montos fijos.

Merced a nuevos acuerdos fiscales en ese año, el gobierno nacional volvió a repartir los impuestos con las provincias "a suerte y verdad". Es decir que estas jurisdicciones comenzaron a recibir el porcentaje directo de una masa coparticipable más grande.

Pero esa liberación no se trasladó a nivel provincial. El decreto 3.113/02, firmado durante la gestión de José María Candioti como ministro de Hacienda, ratificó el techo fijado en 1993 para el reparto de esos recursos a los 356 municipios y comunas. Así, el fisco santafesino recibe ahora más plata de la Nación pero sigue girando a las jurisdicciones menores la misma suma de 114 millones de pesos.

Para el Ejecutivo rosarino, esta situación "no responde a ninguna lógica ni criterio de razonabilidad". Además cuestiona aquel decreto porque compromete unilateralmente fondos que están asignados por ley.

En base a este intríngulis, la Secretaría de Hacienda local hizo sus números: si la provincia espera recibir 1.321 millones por transferencias nacionales en 2004, a Rosario le corresponderían por ley 57,6 millones de pesos. Pero por decreto, el Ejecutivo santafesino le resta 20 millones.


Y hay más
Pero eso no es todo. El presupuesto provincial para este año cuenta otros 234 millones de pesos que responden a la compensación del 13% que Santa Fe y un grupo selecto de provincias obtuvo por su performance fiscal. Para los hombres de Lifschitz, de esa suma, al menos 10 millones de pesos deberían coparticiparse a Rosario.

Aumento de la recaudación mediante, la misma disputa generada en torno de los recursos de origen nacional se produce con los impuestos provinciales. En la ley 11.193 del año 93, se estableció un porcentaje también del 13,43% para la distribución a municipios y comunas, de lo recaudado por el impuesto a los ingresos brutos, el de mayor peso en Santa Fe.

Hasta la salida de la convertibilidad, este porcentaje equivalía a una cifra de 51 millones de pesos anuales. Frente al crecimiento de ingresos, y por la presión de intendentes y presidentes de comuna, el Estado provincial aceptó elevar esa suma fija a 68 millones el año pasado.

Aún así, este monto es menor al que recibirían estas jurisdicciones si aplicara directamente el porcentaje original a la masa de ingresos. En base a la ley, el municipio de Rosario estima que debería recibir 8 millones de pesos más en 2004 por este impuesto (ahora recibe 32 millones). Como ingresos brutos crece con la mayor actividad económica, la cifra podría ser mayor si confirman las proyecciones de crecimiento de la economía.

Otros 12 millones de pesos adicionales deberían ingresar, según los economistas municipales, al rubro patentes. El 90% de lo recaudado por la aplicación de este impuesto al parque automotor de cada municipio, vuelve a la administración local.

Pero el gobierno provincial cortó la posibilidad de que Rosario se haga de esa suma al propiciar a través del presupuesto el congelamiento de la revaluación de vehículos contemplada en el Código Fiscal. Si se aplicara esta norma, la base imponible del impuesto en Rosario aumentaría un 70%.

Este caso es paradigmático de la crítica que los intendentes le realizan a la decisión de Obeid de no subir impuestos. Es que, aseguran, en el actual sistema de distribución, la provincia se queda con la parte del león de los impuestos más sensibles a la actividad económica (ingresos brutos, sellos y aportes sociales, ley 5.110), mientras que se muestra más generosa a la hora de repartir impuestos ligados sobre todo a la valuación de activos, como el inmobiliario (50% y 50%) y patentes. En un esquema sin progresividad fiscal, son los que menos están llamados a expresar su "potencial de crecimiento".

Lifschitz pretende parte del incremento de los recursos fiscales.