Seguridad. La propuesta de aumentar impuestos para obtener recursos

Un peso que se pagó muchas veces

"La saturación policial que quiere el gobierno provincial no previene el delito", advierte un especialista

Osvaldo Aguirre / La Capital

El gobierno provincial pidió a los santafesinos "un mínimo esfuerzo para combatir la inseguridad". Se trataría de contribuir con un peso, agregado al impuesto inmobiliario o a la tasa general de inmuebles, ya que supuestamente la policía carece del presupuesto que necesita. "Hay dos discusiones para plantear -dice el criminólogo Máximo Sozzo-. Una es si el mecanismo de financiamiento es el mejor para generar una buena política de seguridad. En principio aportar un peso no parece algo objetable. Pero aquí aparece la otra cuestión: ¿en qué se van a utilizar esos recursos? Si es para aplicar la saturación policial, como se ha dicho, es problemático y hay que debatirlo".

La saturación policial "implica pensar la política de seguridad exclusivamente a través de acciones que corresponden a una vieja práctica y que tienen un efecto mínimo en la prevención del delito. El patrullaje motorizado, que las mejores policías del mundo ya no hacen, sólo produce un efecto de desplazamiento geográfico: redistribuye la criminalidad de la calle. Es una acción que no provoca la reducción de la criminalidad sino su reubicación", sostiene Sozzo, docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral.

Los habitantes de la provincia ya han pagado de sobra el peso que se les quiere imponer. Además de abonar los impuestos, muchos contribuyen mensualmente a las cooperativas del Comando Radioeléctrico y de las comisarías. E incluso en algunos barrios los vecinos pagan adicionales a la propia policía que dice carecer de recursos.

"Las rutinas del patrullaje policial -sigue Sozzo- se han construido con la lógica del cordón sanitario: se hacen en zonas de clase media y de clase alta, donde la gente ya tiene la seguridad que compra en el mercado, como vigilancia privada, adicionales de la propia policía, alarmas. Es decir que se generan islas de mayor protección. La ciudad se parte en dos y la criminalidad queda concentrada donde reside la gente de menores recursos. Ese desplazamiento genera más daño en sectores que ya están dañados. La distribución desigual de la riqueza se complementa así con la distribución desigual de la criminalidad".


Casos testigo
Un caso reciente de la crónica policial puede ser ilustrativo. La estación de servicios de Roberto Mandolesi, en Pérez, sufrió cinco robos en las últimas seis semanas, ninguno de los cuales pudo ser aclarado por la Unidad Regional II. La base del Comando Radioeléctrico Regional está a 250 metros. Sin embargo, en el último asalto, tardaron 25 minutos en llegar al lugar tras recibir el aviso telefónico.

Un agente del Comando Radioeléctrico Regional se excusó diciendo que contaban con dos móviles, dedicados a controles en los cruces de las rutas para prevenir el bolseo de cereal. Se diría que faltan patrulleros y policías. Pero una estación de servicios vecina a la de Mandolesi no tiene los mismos problemas de seguridad. Le paga servicios adicionales a la misma policía que necesita casi media hora para hacer dos cuadras. La conclusión es transparente: para evitar a los ladrones hay que pagarle a la policía como si fuera una agencia privada.

Los vecinos de barrio Godoy, en Rosario, también hicieron un enorme esfuerzo por su seguridad. Tanto que en noviembre de 2002 consiguieron una casa para que se instalara allí la comisaría 32ª. Y hasta se encargaron de vender los bonos para adquirirla. ¿Tendrán que pagar el peso que les pide el gobierno provincial?

El pasado mes de marzo, la vecinal Paraíso de Granadero Baigorria hizo un relevamiento para saber si los vecinos estarían dispuestos a pagar servicios adicionales a la Unidad Regional II, que teóricamente es responsable por la situación de inseguridad que supuestamente enfrentarían. La Jefatura de la Unidad Regional II habría exigido 2.400 pesos mensuales para proveer dos agentes y un móvil.

El jefe de la comisaría 24ª, con jurisdicción en Baigorria, dijo que sólo había robos menores en la ciudad. El más importante de ellos ocurrió días después y según la denuncia involucró a policías de esa seccional, incluido su titular: los acusaron de robar 6 mil pesos a un albañil. Parece difícil exigir contribuciones a la población cuando las denuncias sobre casos de corrupción policial son constantes.

El brutal asesinato de Ana María Scaglione, una modista de 73 años, en su casa de José C. Paz al 1700 llevó la intranquilidad al barrio La Florida. "Es un crimen muy difícil de resolver", se sinceró un vocero de la Brigada de Homicidios, como anticipando que el caso seguirá el destino de muchos de los crímenes medianamente complejos que ocurren en Rosario: la impunidad.

Para resolver el crimen de Scaglione no se necesitan más policías sino mejores investigadores. La estación de servicios de Pérez solucionaría sus problemas de seguridad si los policías disponibles responden de inmediato ante un aviso. El gobierno provincial, en fin, debería tener una policía más eficaz y más honesta antes que pedir otra contribución a la gente.