Primeras medidas ordenadas por el interventor federal en Santiago del Estero

Lanusse disolvió un ícono juarista

Se trata de la Subsecretaría de Informaciones que estuvo a cargo del detenido comisario Musa Azar

El interventor federal de Santiago del Estero, Pablo Lanusse, anunció anoche la disolución de la Subsecretaría de Informaciones que estuvo a cargo del comisario general Musa Azar, detenido y procesado por el doble crimen de La Dársena.

Además, Lanusse dejó entrever la posibilidad de desarticular el Departamento de Informaciones D-2, una dependencia interna de la policía sospechada de realizar tareas de espionaje social, político y religioso.

"Queda sin efecto y suprimida la existencia de la Subsecretaría de Informaciones", explicó el interventor tras tomarles juramento a los nuevos jefe y subjefe de la policía santiagueña.

En ese marco, Lanusse recordó que, según las recientes investigaciones de la Justicia federal de Santiago del Estero, las operaciones de espionaje del D-2 "fueron ilegales y violatorias a la ley federal de Inteligencia".

En su primer día de gestión como interventor, Lanusse encabezó una reunión de gabinete, cambió la cúpula policial y participó de un acto en honor a los veteranos de guerra de Malvinas.

Durante la reunión de gabinete se analizó la situación de los jueces santiagueños, se acordó pedir una declaración jurada a todos los jefes policiales y se estudiaron los próximos pasos de la gestión.

Luego, en la Casa de Gobierno, Lanusse puso en funciones a los interventores de la policía: el comandante general Oscar Londra y el comandante mayor Juan Sáenz, a quienes destacó por su actitud de trabajar "a disposición de los ciudadanos y en el marco de la legalidad".

También participó en la plaza Sarmiento de un acto por el aniversario de la guerra de Malvinas y, como el inicio de la ceremonia se demoró, debió retirarse antes de su finalización para llegar a tiempo a una reunión con el obispo Juan Carlos Maccarone.

Lanusse reiteró los preceptos con los que manejará la intervención, resaltando que se buscará "celeridad judicial y desapego al poder político y económico".

"Garantizaremos un estado de transparencia y calidad institucional para que los santiagueños elijan sus autoridades", enfatizó el interventor, ratificando que sólo piensa quedarse 180 días en la provincia. También calmó a los empleados públicos: "Los salarios se van a pagar. Los que cumplan con su labor deben tener tranquilidad".

Tras asegurar que se auditará la gestión del juarismo y la suya, para así "analizar irregularidades", advirtió en el plano judicial que "aquellos que tengan probada su eficiencia podrían continuar en sus cargos".

Sobre la detención de la ex gobernadora Mercedes Nina Aragonés y su marido, el caudillo Carlos Juárez, dijo que eso "no lo tenía previsto". Y recordó: "Se había pedido el desafuero y, con la intervención, se caían esas inmunidades".

El matrimonio Juárez continúa arrestado en su casa, sin mantener contactos con la prensa y custodiado por personal de la Policía Federal y Gendarmería Nacional.

Fuentes judiciales precisaron que la detención de los Juárez se dispuso sólo para asegurar su comparendo a las indagatorias que se realizarán el martes y miércoles próximos.

En tanto, uno de los defensores del matrimonio, Juan José Saín, hizo averiguaciones en el juzgado de Angel Toledo para facilitar las visitas de un equipo médico que vigile la salud del octogenario caudillo.