Políticos y periodistas, blancos del espionaje provincial

Piden destruir los archivos ilegales en Santiago del Estero

Los 40 mil legajos encontrados el viernes contienen datos sobre los opositores al juarismo

Los tribunales de Santiago del Estero seguían recibiendo ayer centenares de recursos de hábeas data de ciudadanos preocupados por figurar en el archivo ilegal descubierto a la policía provincial que, según legisladores opositores y entidades profesionales, debería ser destruido.

A su vez, la policía santiagueña sumó una nueva mancha con las acusaciones del intendente de La Banda, el radical disidente Héctor Ruiz, de que virtualmente encubre a los autores de intimidaciones y amenazas con armas contra él y su familia.

"No confío en la policía de Santiago del Estero", dijo el jefe comunal, tras denunciar el lunes que la seccional que está a cuatro cuadras de su casa tardó horas para atender un pedido suyo de intervención ante uno de los hechos intimidatorios denunciados.

El Círculo de la Prensa, al igual que ayer el Colegio de Abogados (Case), presentó un hábeas data colectivo para saber qué dicen de sus asociados los más de 40 mil legajos del espionaje de la Dirección de Informaciones (D2) de la policía provincial.

Un trámite similar realizó la Secretaría de Derechos Humanos del Obispado, creada en tiempos del obispo Horacio Sueldo, un severo censor del gobierno local que murió en un dudoso accidente automovilístico en 1998, y que también figura en un legajo ilegal.

También individualmente muchos ciudadanos recurrieron con igual preocupación a los tribunales al conocerse que las carpetas contienen ideas políticas, actividades, lugares y personas frecuentados y cuestiones de la vida privada de los espiados.

Hay abogados, gremialistas, periodistas, religiosos y, en general, opositores al gobierno local, cuyo hombre fuerte es el cinco veces gobernador y hoy ministro de Economía, Carlos Juárez.

Eduardo Peláez, corresponsal de la agencia Télam y presidente del Círculo de la Prensa, quien figura en el archivo con el legajo 21.330, dijo que "hace años que se denuncia que los periodistas independientes son objeto de espionaje, persecuciones y escuchas telefónicas".


Potenciales desaparecidos
El periodista pidió públicamente la destrucción del archivo porque "ante un eventual gobierno de facto, los que allí figuran pasarían a ser 40 mil potenciales desaparecidos".

El titular del Colegio de Abogados santiagueño, Luis Lugones, afirmó que "una vez que los afectados tengan acceso directo a su contenido, los archivos deben ser destruídos en honor a los tiempos democráticos que vivimos".

En la Legislatura, el bloque opositor Memoria y Participación (MyP) y el peronista disidente Frente para la Victoria también se pronunciaron por la destrucción del archivo.

El banco informativo ilegal fue descubierto la semana pasada cuando el juez René Achával allanó la D2, en la capital provincial.

El juez actuó ante un pedido de hábeas data presentado por el abogado Hugo Frola y los dirigentes Carlos Zurita y Julio Arias, de la Asamblea para los Derechos Humanos.

"Deben ser destruidos, porque la D2 es regida por la funesta doctrina de seguridad nacional, que contempla la protección de quienes ejercen el poder y consideran a los contrarios subversivos o detractores del régimen imperante", dijo la diputada Imelda Ramos del MyP.

Carlos Juárez está sospechado de mandar a espiar a sus opositores.