Apresado. Desacuerdo entre Washington y varios países sobre la pena capital

Ejecutar a Saddam, el dilema de Bush

Para evitar roces internacionales, el presidente de EEUU es partidario de dejar el proceso a los iraquíes

Washington. - La eventual ejecución de Saddam Hussein tras un juicio cuyas condiciones aún no han sido definidas podría provocar nuevas tensiones entre EEUU y una comunidad internacional generalmente opuesta a la pena de muerte. El presidente George W. Bush, abiertamente favorable a la pena capital, se mostró ayer partidario respecto a la aplicación del castigo máximo al ex dictador iraquí por crímenes de guerra y violación de los derechos humanos a gran escala. En una entrevista a la cadena ABC, el mandatario dijo que Saddam debe enfrentar la pena máxima por los horrores que sufrió su pueblo durante su dictadura. "Tengo mis opiniones personales sobre el modo en que debe ser tratado (Saddam Hussein), pero no soy un ciudadano iraquí. Son los iraquíes los que deben decidir", dijo sin embargo.

La posición de Bush no es novedosa ya que proviene de un partidario irreductible de la pena de muerte. Bush fue gobernador de un estado, Texas, que hasta el presente detenta el récord de ejecuciones. "Bush es consciente de que semejante toma de posición es susceptible de crear tensiones" en el escenario internacional, explicó el jurista Emilio Vianno. Es por eso, agregó, que "prefiere dejar en manos de los iraquíes la responsabilidad del proceso, ya que existe la certeza de que los iraquíes no dudarán en ejecutarlo". El desacuerdo entre Washington y numerosos países sobre la pena de muerte se manifestó recientemente en torno a la redacción del nuevo Código Penal promulgado por Irak a mediados de mayo, y que reemplazó al antiguo, que databa de 1969. "EEUU aceptó que la pena de muerte sea retirada del nuevo Código Penal iraquí a pedido de los otros países de la coalición, Gran Bretaña en particular", explica Stephen Orlofsky, un juez federal que realizó recientemente una misión en Irak a pedido del Departamento de Justicia.

Pero al término de este compromiso, agrega el magistrado, el castigo supremo sigue siendo aplicable a los crímenes cometidos antes de mediados de mayo. "Saddam cae, pues, bajo la legislación iraquí tal como existía en el momento en el que se cometieron los crímenes", destacó el magistrado, que estima que el ex presidente iraquí podría ser juzgado en Bagdad por el tribunal penal encargado de juzgar los crímenes de guerra del régimen derrocado, cuya creación fue anunciada el 10 de diciembre por el Consejo de Gobierno interino.


"Un mal menor"
Además, sostiene el jurista Emilio Vianno, la administración se esfuerza en evitar un proceso internacional, "en el que es grande el riesgo de que comparezcan personas que puedan referirse a una pasada colaboración entre Saddam y Washington" en los años 80. Las relaciones entre EEUU y el régimen de Saddam no siempre fueron hostiles, en una época en la que Washington consideraba al dictador como "un mal menor" frente al Irán islamista.

El actual secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, debió incluso desmentir en marzo último que una visita suya a Bagdad en diciembre de 1983, a pedido del entonces presidente Ronald Reagan, estuviera destinada a fortalecer el arsenal iraquí.

La oposición de principio de la administración Bush a las instancias judiciales internacionales, incluida la Corte Penal Internacional (CPI), creada en 2002, también se explica por la voluntad estadounidense de que Saddam sea ejecutado. Los tribunales internacionales no tienen autoridad para condenar a nadie a la pena de muerte. Ya se han escuchado voces en el mundo contra una ejecución del ex dictador iraquí. (AFP)