Desaparecidos. La represión en jurisdicción del Segundo Cuerpo de Ejército

La Fiscalía pidió la nulidad de la obediencia debida y el punto final

Ahora decidirá el juez federal Omar Digerónimo en la causa por delitos aberrantes en la Quinta de Funes

Eduardo Valverde / La Capital

El fiscal federal rosarino Francisco Sosa emitió ayer un dictamen por el que se solicita al juez federal Omar Digerónimo que declare la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final y que proceda a retomar el "proceso penal pleno" contra los imputados en la causa en la que se investigan los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el centro clandestino de detención conocido como la Quinta de Funes, que funcionó durante la última dictadura en jurisdicción del II Cuerpo de Ejército.

La causa en cuestión -en la que entre los principales imputados se cuentan los ex comandantes de esa unidad de batalla Ramón Genaro Díaz Bessone y Juan Carlos Ricardo Trimarco, quienes ya estuvieron detenidos en el caso llevado adelante por el juez español Baltasar Garzón- tiene como querellantes a la diputada nacional del ARI Alicia Gutiérrez (esposa del militante montonero detenido-desaparecido Eduardo Tonioli), a Eduardo Tonioli (hijo del dirigente mencionado y militante de Hijos) y a Cecilia Nazábal (esposa de Alejandro Dussex, también militante del grupo de la izquierda peronista que permanece desaparecido).

Son patrocinantes los abogados nucleados en el Equipo Jurídico de Derechos Humanos, y la presentación formal en la que se pedía la medida ahora dispuesta por el fiscal Sosa se realizó en los Tribunales Federales de Rosario el 12 de septiembre último.

El mencionado equipo de abogados está conformado por los profesionales Matilde Bruera, Gabriela Durruty, Gonzalo Stara, Juan Roberto Coria, Amílcar Monti, Lindolfo Bertinat, Norberto Ferrari, Nadia Shujman, Vildor Garavelli, Isabel Fernández Acevedo y Valeria Rosso Ponce.

Para brindar precisiones en torno a la trascendental medida de la Fiscalía Federal rosarina, Bruera mantuvo un extenso diálogo con La Capital, en el que aportó precisiones sobre el estado actual y las perspectivas de esta causa, que forma parte de otra que engloba a todos los hechos denunciados en jurisdicción del II Cuerpo y que tiene la carátula "Agustín Feced y otros", por quien fuera el hoy fallecido jefe de la Unidad Regional II de Policía (ver página 4).

Bruera precisó que pidieron la nulidad de las leyes del perdón "en base a esta nueva situación que determinó la aprobación por parte del Congreso de la ley que las declara como insanablemente nulas".

Luego recordó que también se tomó como argumento para la presentación que "la misma Cámara Federal de Rosario, en nuestra solicitud anterior, dictaminó que se consideraba incompetente, por determinadas razones técnico-jurídicas, y sostenía que la Causa Feced debía remitirse a los juzgados de primera instancia para su investigación".

Bruera aseveró que "entonces se le solicitó al juez de primera instancia (por Digerónimo) que solicitara el expediente y declarara la nulidad de las leyes, al tiempo que dispusiera la reapertura de la investigación con efectos penales plenos".

"El juez -añadió- le corrió vista al fiscal para que dictaminara, cosa que éste hizo hoy (por ayer) en base al dictamen del procurador general de la Nación que instruye en ese sentido" (ver aparte).

La abogada detalló que el próximo paso será que el juez penal federal de primera instancia resuelva en torno a la solicitud del fiscal, y que espera "que lo haga en el mismo sentido". Luego aventuró que es probable que Digerónimo se expida favorablemente porque ya hay un dictamen de la Fiscalía muy claro en ese sentido.

Una decisión positiva del magistrado significaría la apertura de los juicios penales plenos, con lo cual los denominados Juicios por la Verdad quedarían como una etapa histórica superada y se retomarían las investigaciones penales en todos los proceso englobados en la Causa Feced.


El caso Gorosito
La letrada adelantó que también se hará una presentación similar a la que investiga los hechos de la Quinta de Funes por el caso del secuestro y desaparición de Daniel Gorosito, "en el que hay muchísimas pruebas".

Bruera recordó que al militante se lo dio como ingresado en los libros de Jefatura y que fue visto "luego de ser torturado por numerosos testigos que compartían ese lugar clandestino de detención, muchos de los cuales ya declararon en el tribunal federal".

También existen testimonios que dan cuenta de su paso por el penal de Coronda, de donde fue trasladado, con lo cual -añadió Bruera- "hay muchísimas pruebas y testimonios de que Gorosito desapareció en la Jefatura".

Esta causa también se tramita dentro de los Juicios por la Verdad, pero ahora los abogados pedirán también la apertura de la causa penal y que se cite a los implicados a prestar declaración indagatoria.

La abogada penalista destacó la importancia de la decisión de la Fiscalía "porque en Rosario hasta ahora veníamos tramitando con dificultad los Juicios por la Verdad y esto pone a la ciudad a la altura de otras jurisdicciones donde ya se está investigando penalmente, como en los casos de Capital Federal, Bahía Blanca, La Plata y Córdoba".

Respecto al inminente fallo de la Corte Suprema en torno a la cuestión de fondo que implica la nulidad o no de las denominadas leyes de impunidad (ver página 4), Bruera precisó que en el caso de que la decisión del máximo tribunal sea favorable a la inconstitucionalidad de las leyes, cada juez federal deberá, a su vez, pronunciarse sobre el tema, independientemente de lo que disponga la Corte, como ya lo hicieron por ejemplo los jueces Gabriel Cavallo (de Capital Federal) y Reynaldo Rodríguez (de Santa Fe).

Pero llegada esa instancia judicial, la letrada aseguró que "sin duda, un fallo de la Corte tiene mucho peso en las decisiones de todos los jueces federales del país".

Finalmente, luego de resaltar el hecho de que todos estos episodios "formaron parte de un plan sistemático de exterminio en el marco del terrorismo de Estado procesista", Bruera destacó que "los avances que se han realizado en estas causas se deben a la inclaudicable militancia y movilización de los familiares y de todos los organismos defensores de los derechos humanos, acompañados por el clamor de toda una sociedad que quiere terminar definitivamente con la impunidad en la Argentina".

Trimarco y Bessone, los principales imputados.