Las privatizadas obtuvieron ganancias por $3.300 millones

Las empresas públicas privatizadas terminaron el primer semestre con una posición económica que podría debilitar los argumentos con los cuales desde hace más de un año reclaman un ajuste en sus tarifas, ya que los balances de la primera mitad de 2003 arrojaron en conjunto un total de ganancias superiores a los 3.300 millones de pesos.

Según los balances que presentaron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Telecom ganó 1.288 millones de pesos; Transportadora Gas del Sur (TGS) 314 millones; y Central Costanera 23,5 millones; que sumados a los de Telefónica, Edesur, Edenor, Metrogas, Gas Natural, Camuzzi, y Transener, alcanzaron un total de beneficios de 3.371 millones.

Así, los números, que en teoría dieron positivo para las concesionarias, en la práctica complicaron la incesante demanda de ajuste tarifario, basada en la imposibilidad de mantener un servicio de calidad, con los precios actuales.

La revaluación del peso frente al dólar ayudó a que las compañías aliviaran el peso de su deuda en la moneda norteamericana, y explica en gran parte lo sucedido en la primera mitad del año. De todos modos, las empresas aseguran que la performance de los primeros seis meses de 2003 es improbable de mantenerla en el tiempo.

Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había afirmado el viernes que en su análisis de la situación de los servicios públicos el gobierno pondrá énfasis en observar los "sectores beneficiados y los perjudicados por la situación económica".

Además, aseguró que en caso de conceder alguna suba tarifaria, una franja cercana al 30% de los consumidores "no tendría aumento alguno", aunque subrayó que "en muchos casos se descubrirá que no hay que subirlas porque no se hicieron las inversiones".

En tanto, el diputado socialista Héctor Polino cuestionó "¿por qué razón se va tener que otorgar un aumento de tarifas, si las empresas continúan teniendo altísimos márgenes de rentabilidad?".

El integrante de la comisión parlamentaria que evalúa los contratos de las privatizadas sostuvo que "las empresas no pueden resistir el debate ante la sociedad sobre las enormes ganancias que tuvieron a lo largo de doce años, los incumplimientos de inversión comprometidos que no se realizaron y los abusos de todo tipo que cometieron con los usuarios ante la mirada cómplice de los entes reguladores".