El comercio internacional podría cambiar radicalmente

Tiempo de definiciones por el etiquetado de transgénicos

Cómo se prepara la cadena exportadora para la entrada en vigencia de nuevas restricciones

La decisión de la Unión Europea de exigir el etiquetado de productos que puedan contener Organismos Genéticamente Modificados (OGM) a partir de 2004 mantiene en vilo a la cadena agroexportadora, un complejo que exporta principalmente soja y derivados, con un área sembrada con transgénicos mayor al 90%.

Ese frente no es el único que se abre para los productores locales, que adoptaron la biotecnología como herramienta de competitividad frente a los subsidios de los países competidores. El mes próximo entrará en vigencia el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, más conocido como Protocolo de Cartagena, un tratado que se vuelve operativo al haber sido ratificado por 53 países, de los 103 firmantes. Por este acuerdo, los países firmantes exigirán para importar productos agropecuarios que el cargamento identifique que pueden contener Organismos Vivos Modificados.

"Hasta el primer trimestre de este año Argentina tenía un escenario internacional incierto en este tema pero en los últimos tres meses las cosas se definieron, para peor", señaló el director del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (Inai), Ernesto Liboreiro. El especialista enumeró la normativa europea, la entrada en vigencia del Protocolo de Cartagena y sumó las normas que pretende aplicar Brasil para restringir el ingreso de productos que puedan contener OGM "más estrictas que las de la UE" y "más graves" por la implicancia que tiene el vuelco que dio la política del principal socio político de la región.

Como principio negociador, el gobierno y el sector agroalimentario rechazan en bloque estas restricciones debido a que no están basadas en principios científicos. Adrián Vera, secretario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, aseguró que "el debate sobre la inocuidad o no de los transgénicos está saldado con los dictámenes de las principales academias científicas del mundo y la declaración de la FAO, que considera a la biotecnología como una herramienta que contribuye a la seguridad alimentaria". En este sentido, la controversia, dijo, "es netamente política".


El dilema de Cartagena
Más aún, en el sector privado se instaló una fuerte discusión sobre la conveniencia o no de ratificar el Protocolo de Cartagena. Es que Argentina, como la mayoría de los grandes países exportadores firmó el tratado pero no lo ratificó. En la discusión planteada están quienes proponen ratificarlo para poder incidir en la discusión de la letra fina del acuerdo (la que en definitiva establece niveles de tolerancia, sanciones, etcétera) y los que proponen la no ratificación lisa y llana.

Frente a esta catarata de restricciones, una de las alternativas que se manejan es estudiar su compatibilidad con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y decidir si se avanza en una presentación ante el órgano de solución de controversias.

El caso que está en la mira, en este aspecto, es fundamentalmente la nueva norma sobre etiquetado de la Unión Europea, aprobada tras un complejo proceso legislativo que incluyó varias revisiones por parte del Parlamento Europeo.

A nivel mundial, la Unión Europea es el principal importador de harina de soja, con 19,66 millones de toneladas y el segundo importador de poroto, con 18,3 millones.

A partir de 2004, se exigirá el etiquetado de todos los productos alimenticios producidos a partir de OGMs sin importar si existe, o es posible identificar, el ADN o la proteína del origen GM en el producto final, con un margen de 0,9% de tolerancia cuando se trate de transgénicos autorizados por la UE y del 0,5% para los que no. También todos los piensos OGM. La norma, que no incluye productos lácteos y cárnicos, está acompañada de una directiva destinada a que los agentes comerciales que utilicen o manipulen productos OGM, transmitan o guarden información en cada una de las etapas de comercialización (trazabilidad).


Mayores costos
"El etiquetado y la consiguiente trazabilidad implican segregación o manipulación diferenciada de las producciones, y por lo tanto, aumento de costos para los productores, procesadores y comerciantes de alimentos", señalan desde el Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Así expresa que hablar de segregar significa "lotes, depósitos y almacenaje, transporte, manejo en chacra, acopios, puertos y plantas industriales diferenciados, toda una logística diferente".

"¿Recibirá el productor de transgénicos un precio menor o el productor de organismos convencionales un premio mayor?", se pregunta el informe de la Bolsa.

Al respecto, explica que la experiencia europea muestra que "la soja transgénica se transformó en un commoditie y que el producto convencional es una excepción con una salida reducida en lo que a mercado se refiere, propia de un nicho de mercado", agrega.

"Si quieren diferenciación tendrán que pagarla", se escucha decir a muchos actores del mercado granario. Pero la pregunta es hasta qué punto esta reivindicación como país exportador impedirá que las autoridades europeas comiencen a frenar embarques o aplicar multas por embarques que no estén identificados. Más allá de algunas experiencias puntuales en el campo de la identidad preservada para la exportación de especialidades, las distintas cadenas agroalimentarias poco han avanzado en este tema. Recientemente, el Inta firmó un acuerdo con la FAO para estudiar los costos de la segregación.

El proyecto prevé la contratación de una serie de servicios de consultoría y recursos para desarrollar un programa de capacitación. Se pretende tener al final del mismo un diagnóstico sobre la situación del almacenamiento, transporte y logística en relación a la producción segregada, un documento de identificación de estrategias para adecuar la infraestructura y un programa para un proyecto de inversiones.

Durante un taller de análisis realizado recientemente en la Sagpya, en conjunto con la FAO, se concluyó que la Argentina tiene una clara política en cuanto a la producción de cultivos transgénicos, en base a lo cual debería definirse una política clara de segregación de granos y un desarrollo de sistemas de Identidad Preservada.

"No vamos a permitir que a los productores se nos cargue con mayores costos", dijo Guillermo Bernaudo, dirigente de Aacrea, al hablar en un seminario sobre biotecnología en Buenos Aires, anticipando las potenciales tensiones que se ciernen sobre las distintas cadenas.

Por ahora, la apuesta es insistir en el rechazo y jugarse al éxito en la batalla política a nivel internacional. Un análisis de la situación estructural del mercado indica que la soja es la principal fuente proteína para la alimentación de animales, sobre todo luego de que en Europa se prohibiera la utilización de harinas animales. Y la principal fuente de abastecimiento de la oleaginosa está en América: Estados Unidos, Brasil y Argentina, siendo nuestro país el principal exportador de derivados.

Por otro lado, la percepción general es que las restricciones europeas en materia de transgénicos tienen que ver no sólo con las resistencias de los consumidores u organizaciones ecologistas sino con la necesidad de protección de las empresas y productores locales para recuperar el tren de la industria biotecnológica. La zanahoria, en tal sentido, es el levantamiento de la moratoria unilateral sobre autorización de nuevos OGM, que podría abrir la puerta a nuevas autorizaciones de importación. La legislación sobre etiquetado tiene, al mismo tiempo, una cláusula de revisión que habilita un período de evaluación de dos años respecto de su funcionamiento.

En esta pulseada, Argentina no está sola. Los principales países exportadores comparten la posición. Sin embargo, el tema tiene sus bemoles y un frente complicado se abre con Brasil, que quedó presa de una estrategia que apunta a diferenciarse promocionando su soja no transgénica, a pesar de que más de 20 millones de toneladas de producción provienen de semillas OGM cultivadas en forma semi-legal.

En el país vecino, la ministra de Medio Ambiente le ganó una pelea al de Agricultura, lo que implicará a partir del año próximo la prohibición de sembrar OGM y la entrada en vigencia de una norma que obliga a etiquetar las importaciones que pudieran provenir de productos genéticamente modificados. La legislación es incluso más dura que la europea, porque abarca a los alimentos de origen animal.

"La simpatía entre los presidentes Lula y Kirchner cae con esta decisión, ¿cómo se puede congeniar una política común con Brasil cuando hay diferencias en un tema tan sensible?", señaló Liboreiro.

El 90% de la soja argentina es transgénica.