El Congreso brasileño votaría hoy el recorte de pensiones

Lula confía en que la reforma será aprobada. Protestas de estatales

Brasilia. - El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, intensificó ayer las negociaciones y parecía cerca de asegurar que el Congreso vote una reforma del deficitario sistema público de pensiones, en medio de protestas de empleados estatales. La policía debió custodiar las entradas principales al palacio legislativo mientras empleados públicos que intentan mantener generosos beneficios de sus pensiones marcharon alrededor del edificio coreando consignas y portando carteles contra la reforma.

Al percibir la posibilidad de una invasión, los policías consiguieron contener a los manifestantes con empujones y bastonazos, mientras recibían botellazos. Los empleados públicos, que quemaron banderas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), argumentan que los recortes a las pensiones reducirán la calidad de los servicios públicos, aunque el gobierno centroizquierdista y los mercados esperan que las reformas puedan garantizar a largo plazo la salud fiscal de la mayor economía de América latina.

El sistema de pensiones le costó a las arcas públicas un 5% del Producto Interno Bruto el año pasado, un enorme esfuerzo para un país que trata de reducir la pesada carga de su deuda de más de 250.000 millones de dólares.

Lula, quien canceló un viaje a Africa para concentrarse en la aprobación de las reformas, se reunió ayer con ministros clave. El presidente de la Cámara de Diputados, el legislador oficialista Joao Paulo Cunha, prometió una rápida votación. Lula también se mostró optimista sobre la aprobación del proyecto de reforma, que requiere tres quintos de los votos o 308 de los 513 diputados. "Estoy convencido que vamos a votar (la reforma de) la seguridad social en las próximas horas. Fuentes legislativas consideraron que la reforma sería aprobada hoy.

Los jefes de bancadas de todos los partidos, incluyendo del PT, sus aliados y de la oposición, se reunieron ayer para alcanzar un acuerdo final sobre los términos de la propuesta de reforma. El legislador oficialista Paulo Bernardo dijo que el gobierno mantenía su apoyo a un polémico elemento del proyecto, que fija los salarios para los jueces de nivel estatal en un 75% de los sueldos de los ministros del máximo Tribunal de Justicia. Los magistrados estatales amenazaron con ir a la huelga contra la propuesta y quieren 90,25%.

Otro punto de intenso debate se da en torno al nivel tope que se fijará para las pensiones en las que se aplicarán descuentos. "El gobierno no quiere ceder en el tope (para jueces estatales) y pensiones, y por tanto la decisión será sometida a los legisladores", dijo Bernardo.

En las primeras etapas de las negociaciones con los legisladores el gobierno había retrocedido en dos puntos: permitir que los actuales funcionarios se jubilen con montos iguales a sus últimos salarios y que los ya retirados reciban aumentos iguales a los de los funcionarios en actividad, aunque en este último caso con limitaciones.

Pero los principales elementos de la reforma -limitar las pensiones de futuros empleados, elevar la edad de retiro y someter a contribuciones al sistema a las pensiones de los empleados públicos retirados-, están intactas.

La Cámara de Diputados comenzó en la mañana una sesión especial y el gobierno esperaba que la votación sobre el proyecto de ley que propone los cambios se produzca a más tardar hoy. (Reuters)