El gobierno impulsa la creación de un ente para controlar la EPE

Reformulan una comisión y la legislación para que la empresa se convierta en sociedad anónima

El gobernador Carlos Reutemann firmó un decreto que impulsa la transformación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en una sociedad anónima del Estado y propicia la creación de un ente de contralor para la prestación de los servicios.

El decreto avala los planteos de la denominada Comisión para la Transformación del Sector Eléctrico creada en el 2000 para monitorear el fracasado intento de privatización, y le asigna potestades para pilotear este nuevo intento de cambio, ahora sin la participación del sector privado.

El interventor de la EPE y también integrante de la comisión, Antonio Caro, dijo que más allá de discusión de público o privado, la intención es que la empresa estatal se convierta en una sociedad anónima y tenga un organismo regulador que la controle".

El gobierno santafesino sigue una fórmula sobre la cual ya avanzaron los cordobeses, luego de que el proyecto de privatización tropezara con la huida de inversores que se produjo en el marco del derrumbe generalizado de la economía nacional.

La idea es convertir a la EPE en una sociedad anónima, lo cual habilitaría el ingreso de capital privado por medio de una oferta pública de acciones, y también asimilar los régimenes de contralor que regulan a las empresas privatizadas.

"En Santa Fe no hay mecanismos de reclamos de los usuarios salvo el caso extremo de la vía judicial, y la implantación de un organismo de control permitirá que se le fijen penalidades por incumplimientos en la calidad del servicio", planteó Caro, y recordó que un régimen de estas características obligó a la prestadora privada Edesur, que distribuye en Buenos Aires, a desembolsar 90 millones de dólares para indemnizar a sus clientes a raíz de fallos en el servicio.

Aunque el decreto oficial no lo expresa, su articulado sirve para cumplir con los planes de reforma del Estado asumidos con el Banco Mundial, en el marco de la asignación de un crédito por 330 millones de dólares, del cual falta desembolsar más de la mitad. La transformación de la EPE era parte de ese plan de reformas que no se pudo cumplir y ahora la provincia negocia con la entidad financiera para completar el trámite.

Aunque la comisión ya existía desde el año 2000, el decreto del gobierno de Reutemann, que lleva el número 1982/03, actualiza su constitución y su funcionamiento para adecuarla al nuevo escenario.

En su nueva conformación pasa a estar integrada por el interventor y subinterventor de la EPE, el ministro de Obras Públicas, el secretario de Servicios Públicos y el ministro de la Producción.

El decreto establece que la comisión podrá "proponer las contrataciones necesarias de servicios técnicos especializados en materia económica, financiera, técnica, jurídica, estrategia comunicacional, recursos humanos, entes reguladores y demás concordantes, a los fines del asesoramiento en el cumplimiento de su cometido".

También se estipula que el organismo podrá "proponer la implementación de una amplia difusión de las etapas, procesos de transformación del sector eléctrico en el ámbito de la provincia" y "mantener informada a la Comisión Bicameral de Seguimiento" de la Legislatura.

Se le otorga además la facultad de crear su propia reglamentación de funcionamiento, designar colaboradores y organizar subcomisiones para el tratamiento de temas específicos".

La comisión podrá "elaborar los contratos de concesión de las actividades del sector eléctrico" y "definir las áreas territoriales de las concesiones de distribución, respetando las actuales áreas servidas por la EPE y cooperativas".

El último punto del del decreto postula que la comisión pueda "ejecutar cualquier otra acción que resulte pertinente para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la ley N 11.727" de privatización.

El presidente de la Asociación del Personal Jerárquico de la EPE, Horacio Bello, criticó la creación de un ente de control con el argumento de que "se intenta acomodar a algún funcionario para que no se quede sin trabajo". Sin embargo, el interventor Caro replicó que "la decisión en torno al organismo es algo que deberá resolver el próximo gobierno".

Antonio Caro, interventor de la EPE.