Informe de la Coordinadora de Trabajo Carcelario

En cuatro años murieron 38 presos por violencia en cárceles de Santa Fe

Hubo incidentes en la Unidad 1 después del crimen de un detenido. Advierten que los conflictos se agudizarán

Treinta y ocho presos murieron entre 1999 y 2002 en distintos episodios ocurridos en cárceles de la provincia de Santa Fe. La estadística fue difundida por la Coordinadora de Trabajo Carcelario ayer, poco después que un nuevo episodio de violencia dejara como saldo seis reclusos heridos en la Unidad 1, de Coronda.

El organismo de derechos humanos reclamó "un proyecto serio que aplique la legislación vigente" y "la erradicación de prácticas arbitrarias y denigrantes que afectan la seguridad del conjunto de la población".

"El hecho de ampliar la cárcel de Coronda implica agudizar los conflictos existentes y aumentar los niveles de violencia ejercidos sobre la población carcelaria", advirtió la Coordinadora.

El colapso y la falta de seguridad del sistema carcelario provincial volvieron a manifestarse en los últimos días con dos episodios de extrema violencia: el asesinato de un recluso apenas trece horas después de ingresar al penal y la violación de otro.

La Coordinadora de Trabajo Carcelario sostuvo que "garantizar las condiciones mínimas de reclusión" es "una meta inalcanzable desde el proyecto actual del Ministerio de Gobierno, porque con respecto a la cárcel de Coronda lo que se proyecta es únicamente la ampliación de los pabellones existentes".

Al respecto, "ni siquiera la ampliación de los pabellones contempla la real situación de los que tienen problemas de convivencia con otros detenidos. Se están dando casos en que aquellos que pasan por esta situación deben " tirarse a los buzones", o sea ir al pabellón de castigo, porque al tener dificultad con algunos internos no pueden ingresar a los pabellones. Los jueces ordenan traslados sin contemplar reclamos. Si en muchos de estos casos se les hubiera escuchado, no se tendrían que lamentar tantas muertes".

La Coordinadora cuestionó las "prácticas de endurecimiento" de la pena de los reclusos, como las condiciones de aislamiento, que "se realizan con arbitrariedad y al margen de los requisitos de la ley". Por otra parte, "existe una práctica común de realizar traslados con amplios márgenes de discrecionalidad, sin fundamentos razonados y restringiendo el acceso a la información a los mismos internos".


Dos casos límite
José llegó a la Unidad Penal 1, de Coronda, el 20 de abril, después de pasar por tres comisarías, donde sufrió el hostigamiento de sus compañeros de celda y la tortura de los policías que debían custodiarlo. A fines de junio el muchacho denunció que fue violado en un pabellón y desde entonces implora por su traslado a otro lugar de detención.

El regreso de Ernesto Marcos López a la cárcel de Coronda tuvo un desenlace trágico. Cuando caminaba rumbo a su celda, un preso armado con un objeto punzante lo mató en una emboscada.

Para el director del Servicio Penitenciario, Armando de Martín, "la cárcel no vuelve violentos a los que llegan, sino que se trata de personas que han delinquido, en algunos casos desde menores, y lo que fracasó es el proceso de socialización en los lugares de detención en los que estuvieron antes".

La muerte de López, según sostuvo De Martín, sobrevino como consecuencia de "cuentas pendientes" que el muchacho mantenía con algunos de los reclusos alojados en el pabellón donde había destinado. Y con los que había compartido en el pasado los lugares de encierro en comisarías rosarinas.

"No fue una pelea territorial por espacios de poder, dinero o droga -aclaró el funcionario-. Como todos se conocen, trasladan sus disputas de afuera a adentro de la cárcel".


Valores en cuestión
De Martín está convencido de que el proceso de inserción en la sociedad de los detenidos "no fracasó" en los calabozos de Coronda y cita como ejemplo los presos de buena conducta que "trabajan en la granja, van a la escuela y manejan la radio del penal", aunque reconocen que algunos reclusos "no tienen claro lo que significan valores como vida y la muerte y no se puede adaptarlos a los reglamentos carcelarios".

Sin embargo, para la hermana Carmen Laptonda, de la Pastoral Carcelaria, el sistema carcelario "no es rehabilitador, salvo raras excepciones. Si lo fuera, se podría menguar un poco la carga de violencia que puedan traer los presos y que se acrecienta por el encierro".

Y enseguida pone sobre el tapete otro de los aspectos que atenta para que existan mejores condiciones de vida de los reclusos. "El gobierno restringe el presupuesto para las cárceles porque no es popular ni productivo. El espacio físico no es suficiente y la cantidad de psicólogos y maestros es escasa", aseguró.