Santiago. - Con champán celebraron empresarios, políticos y autoridades de gobierno en Chile la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la nación sudamericana y Estados Unidos, un acuerdo logrado tras años de esfuerzos, y visto por expertos como un reconocimiento internacional clave para el país.
Pero la reacción de muchos chilenos ante la definición del pacto fue más moderada, pues el acuerdo vendría acompañado de un alza en los impuestos internos que afectaría a los consumidores del país. Además, pese a que el gobierno anticipa un considerable incremento de las exportaciones de Chile, el impacto del TLC en el corto plazo sería más tenue para la economía del país sudamericano, cuyos envíos a Estados Unidos ya gozan de aranceles bajos.
"La trascendencia de esto va por un reconocimiento de la principal economía del mundo. Un sello de calidad que le da EEUU a Chile, a su responsabilidad institucional, a su gestión y a la calidad de sus productos", comentó el analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Francisco Rojas.
"Tengo clarísimas las razones: Chile es una experiencia que muestra una transición democrática ordenada, una gestión macroeconómica rigurosa, una política comercial de apertura con muy buenos resultados de crecimiento y equidad", aseguró el jefe del equipo negociador chileno, Osvaldo Rosales. La economía chilena depende en un 60% de sus exportaciones y su principal destino es justamente Estados Unidos, donde van a parar más de 3.600 millones de dólares en productos cada año.
Más allá del comercio
En lo estrictamente formal, el tratado reduce a cero el arancel de más del 85% de los productos que envía Chile a Estados Unidos al momento de su entrada en vigencia. En cuatro años desaparece el tributo aduanero para el 94% y el resto de los productos culminará su desgravación en doce años. Pero gran parte de los bienes que Chile envía a Estados Unidos actualmente entra con un nivel de gravámenes reducido o nulo gracias al Sistema Generalizado de Preferencias Arancelarias (SGP), un mecanismo con que favorece unilateralmente y cada año a naciones de menos desarrollo.
Lo mismo ocurre al revés: Chile tiene la tasa aduanera más reducida de la región, sólo un 6% general y la mayor parte de los productos de Estados Unidos ingresa pagando sólo un 3%. Por ello, los analistas no ven un vuelco gigantesco en el aspecto comercial en un comienzo. "No es un acuerdo que ocasione un gran impacto comercial. Estrictamente en comercio, el mayor beneficio es la estabilidad que produce un acuerdo en términos de acceso a mercado y, en el caso de Chile, la estabilidad del SGP", aseguró la economista de la Comisión Económica para América latina (Cepal), Verónica Silva. La analista sí resalta mucho más el efecto posterior: el de la imagen internacional de un país subdesarrollado con mayor credibilidad y que podrá apostar a un mayor crecimiento económico sobre la base de nuevas inversiones, mejor capacitación laboral y su consecuente efecto en empleos mejor calificados.
Impuestos: ¿Letra chica?
Pero la euforia que podría haber desatado este tratado, fue opacado por una polémica que, aunque doméstica, es compartida por muchos ciudadanos: la discusión sobre un alza de impuestos. El alza tributaria propuesta por el gobierno local busca paliar los menores ingresos del fisco derivados de las rebajas arancelarias pactadas en el último año no sólo con Estados Unidos, sino también con la Unión Europea y Corea.
El gobierno centroizquierdista de Ricardo Lagos debe compensar la merma en las arcas fiscales tras los acuerdos y además conseguir dinero para reformar el sistema de salud pública y reducir la extrema pobreza. En total necesita con urgencia 730 millones de dólares cada año. Y eligió el impopular camino de los tributos para recaudarlos, lo que es visto por algunas organizaciones como la "letra chica" del tratado, esas disposiciones, normalmente perjudiciales, que los contratos intentan ocultar con caracteres pequeñísimos y casi ilegibles.
"El gobierno es muy malo para predecir el impacto de los acuerdos o simplemente actuó de mala fe, pues no dijo antes que se debían aumentar los impuestos para cubrir el déficit fiscal generado por los tratados", aseguró Stefan Larenas, presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile. La propuesta gubernamental habla de subir en un punto porcentual el gravamen más masivo de todos, el impuesto al valor agregado (IVA), que afecta a los bienes de consumo y algunos tributos específicos al alcohol, tabaco y petróleo.
Por eso el rechazo inmediato no sólo surgió de los consumidores, sino también de algunos empresarios como los viñateros, uno de los sectores que podrían resultar más beneficiados con el TLC pero que, a su vez, serán castigados por los tributos al consumo y el alcohol.
"Es contradictorio promover al vino en el exterior y, por otro lado, castigarlo con una carga tributaria excesiva",expresó el presidente de la gremial Viñas de Chile, Rafael Guilistasti. Pero los expertos más optimistas afirman que la rabia del momento pasará rápido y que, cuando se empiecen a ver los primeros efectos del TLC, todos mostrarán un rostro de alegría. (Reuters)
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