Claves para una política tecnológica

"En el nuevo escenario, el proceso de desarrollo de innovaciones va más allá de la existencia de laboratorios de I&D (Investigación y Desarrollo) formales y adquiere formas múltiples", indica el investigador Gabriel Yoguel en un trabajo publicado en el libro "Aportes para una estrategia pyme en la Argentina", de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). La pregunta que surge, entonces, es cuáles son las fortalezas y debilidades de Argentina para encarar ese proceso.
La publicación de la Cepal plantea que las dificultades se presentan en diversos planos que van desde un nivel micro y meso económico: fallas de mercado, debilidad de tramas productivas y sistemas locales, falta de sinergia entre programas públicos y las empresas, debilidad de la relación universidad-empresa, limitaciones en las competencias de los recursos humanos; hasta otros de tipo macro y meta económico: escasa importancia social asignada a la tecnología y a los procesos de aprendizaje, excesivo riesgo para el desarrollo de actividades innovadoras, limitaciones de financiamiento.
Frente a este escenario, Yoguel plantea dos elementos de una "metapolítica tecnológica" a ser considerados:
* Financiación: la envergadura económica de una política tecnológica resulta de las posibilidades y prioridades que establezca el presupuesto nacional. Pero, y de mayor importancia concreta, es una perspectiva de política sistémica focalizada en la construcción y el enriquecimiento de las redes de producción, lo cual permite modalidades de financiamiento mixto más complejas que incorporen a los agentes involucrados en el financiamiento parcial de su propia ayuda pública.
* Institucionalidad de la política tecnológica: un criterio de optimalidad para la puesta en práctica de la política tecnológica es la racionalidad del complejo institucional que la diseña y ejecuta. Es necesario un esquema de descentralización coordinada, una instancia de inteligencia que coordine las distintas agencias e instituciones vinculadas a las acciones definidas por la política tecnológica.
Esta coordinación debe definir la estrategia global, maximizar sinergias entre las acciones (incentivos para la cooperación y complementariedad de las instituciones), evaluación continua de los programas y rediseño de los mismos, identificar los elementos ausentes y redundantes, e implementar incentivos en las universidades y centros tecnológicos que acentúe la vinculación con el sector productivo.
Un ejemplo es la conformación de grupos asociativos o de redes de empresas. Las ventajas de un programa colectivo de mejora tecnológica de este tipo son: aprendizaje recíproco, aprovechamiento de la experiencia internacional, diseño de soluciones que tienen uso compartido, ganancias de escala, aseguramiento de umbrales mínimos, impulsos indirectos a la cooperación empresarial horizontal y vertical, facilitación de difusión de conocimientos, reducción de los costos de los servicios por firma, sinergias entre los planos que determinan las competencias endógenas de las firmas y posibilidades de mejor desarrollo institucional local.