Luis Moreno Ocampo tendrá como funciones investigar las violaciones de derechos humanos denunciadas, evaluarlas y acusar a sus autores ante ese tribunal si lo considera necesario. De esta manera tiene un poder fundamental, ya que él decide qué causas llevar adelante. Sólo los ciudadanos de los 89 países que han ratificado el Estatuto de Roma -que dio base a la Corte- o esos mismos Estados pueden presentar denuncias, siempre y cuando en los países donde se hayan cometido los crímenes la Justicia no los haya procesado.
La Corte puede procesar a los acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos después de que la CPI fue instituida legalmente, el 1º de julio de 2002. Por crímenes de genocidio se entienden los actos cometidos con la intención de exterminar o destruir un grupo nacional, étnico, religioso o racial: asesinatos, mutilaciones físicas o psíquicas, medidas para controlar nacimientos y traslados de niños de un grupo a otro, entre otros. Y en cuanto a los crímenes contra la humanidad, se estiman como tales los actos realizados como un sistemático ataque contra toda población civil: asesinatos, exterminación, esclavismo, deportación forzada, torturas, violaciones, esclavismo sexual, segregación racial y desapariciones forzadas.
Los crímenes de guerra incluyen, entre otros, torturas o tratamientos inhumanos, incluso experimentos humanos, privación de los derechos a un justo y regular proceso para los prisioneros de guerra y toma de rehenes. La CPI tendrá también jurisdicción sobre las más serias violaciones de las leyes y costumbres en conflictos armados internacionales.
EEUU hace la suya
La Corte fue inaugurada formalmente el 11 de marzo en La Haya. Está presidida por el juez canadiense Phillippe Kirsh y tiene otros 18 jueces miembros de todo el mundo. Estados Unidos se opone a la CPI y no ratificará el Estatuto de Roma, porque pretende que sus ciudadanos no sean sometidos a juicio cuando actúan en misiones en el extranjero. Tampoco han ratificado el estatuto Rusia, China, India, Pakistán, Libia, Irak, Yemen e Israel, además de México, Chile, Guatemala y Nicaragua entre otros países de América latina.
Desde que la Corte entró en funciones, el 1º de julio de 2002, el gobierno de EEUU ha negociado acuerdos bilaterales con 21 países (entre ellos Honduras, República Dominicana, India e Israel) para asegurarse de que ninguno de sus ciudadanos sea entregado al tribunal de La Haya.
La Ciudad
