El argentino Luis Moreno Ocampo fue elegido ayer primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que allana el camino para que el nuevo tribunal comience a procesar a sospechosos de haber cometido graves crímenes contra la humanidad.
Moreno Ocampo, un especialista en la legislación criminal y derechos humanos y socio principal de la firma de abogados Moreno Ocampo y Wortman Jofre, ayudó a investigar y procesar a las juntas militares que gobernaron Argentina de 1976 a 1983 por crímenes cometidos durante la llamada "guerra sucia" en el país. También encabezó el proceso judicial contra oficiales militares argentinos que participaron en una rebelión en 1990.
En una votación secreta, Moreno Ocampo recibió los 78 votos depositados durante una elección en la sede de la ONU donde participaron todos los Estados que han ratificado el tratado internacional que crea la nueva Corte Penal Internacional.
Se espera que Moreno Ocampo asuma el cargo el 16 de junio en La Haya, donde tiene sus oficinas la nueva corte.
La CPI, que fue creada a partir de los tribunales para crímenes de guerra de los nazis, fue establecida para procesar a individuos acusados de las atrocidades más serias, como genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones graves a los derechos humanos.
No obstante, la decisión de Estados Unidos de rechazar absolutamente el nuevo tribunal, ha levantado inquietud en torno a su efectividad.
La Corte fue oficialmente inaugurada el 11 de marzo en La Haya, donde la reina Beatriz de los Países Bajos tomó juramento a 18 jueces elegidos en febrero. Sin embargo, se presume que la totalidad del cuerpo de trabajo de la Corte se instalará dentro de varios meses.
Primeros casos
Activistas de asuntos legales y de los derechos humanos que asisten a los encuentros esta semana dijeron que los primeros casos de la corte probablemente procedan de Colombia y de la República Democrática del Congo, dos países que han ratificado el tratado de la Corte.
Los activistas pronosticaron que es improbable que el tribunal se involucre en la invasión que encabezó EEUU en Irak, ya que ninguno de esos países han ratificado el tratado mientras que puede esperarse que Gran Bretaña -que sí lo hizo- permita que su propio sistema judicial revise cualquier denuncia sobre crímenes de guerra que pueda presentarse en contra de ese país. Bajo el tratado, la CPI puede actuar sobre una denuncia sólo después que los cortes locales se hayan abstenido de hacerlo.
Mientras que la nueva Corte recibirá muchas denuncias, "sólo emprenderá acciones en un muy pequeño número que caigan dentro de su jurisdicción", dijo Richard Dicker, de la organización con sede en Nueva York Human Rights Watch.