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 jueves, 29 de noviembre de 2007  
Bigand vuelve a movilizarse por un legado

Bigand.— La comuna local convocó para hoy, a las 21.30 en el cine San Martín, a una asamblea popular donde resolverán las acciones a seguir sobre la evolución de las actuaciones en torno al legado —más de 3.500 hectáreas— que la última heredera del fundador del pueblo, María Mercedes Octavia Bigand, fallecida en abril de 2004 en Buenos Aires a los 93 años, había decidido destinar para la creación de una fundación para ayudar a instituciones locales.

“La comuna ya hizo todo lo que tenía a su alcance y ahora está en manos del pueblo la decisión que se tome para lograr que la Fundación responda a la voluntad de la señorita Bigand”, dijo el jefe comunal Erceg.

Hace poco más de dos años esta comunidad supo que Bigand había tomado tal determinación. Su legado quedó plasmado en un testamento, el que fue leído en una asamblea popular en septiembre de 2005.

La inquietud de los pobladores de Bigand responde a que si bien la entidad ya funciona en Buenos Aires bajo el nombre de Fundación Honorio Bigand, los bigadenses sólo recibieron “migajas”, mientras que el principal beneficiado es un abogado que cobrará más de 20 millones de pesos en honorarios.

El cuestionado profesional es Luis Alaimo, albacea encargado de ejecutar el testamento de la anciana y a quien se considera en el pueblo que “sólo es un tipo inescrupuloso que lo único que persigue es hacer negocios particulares sin respetar la voluntad de la señorita Bigand”.

El profesional también es resistido por parte de los pobladores por haber cambiado cláusulas para la renovación de los contratos de arrendamiento de los campos que pertenecieron a Bigand, además de haber pedido ante un juzgado casildense, el desalojo de algunos colonos, aunque estos casos aún no fueron resueltos.

La causa por la sucesión de los bienes de Bigand se tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil 33 de la Capital Federal a cargo de Horacio Liberti, quien denegó un pedido de la comuna para ser parte del expediente y además le fijó 140 mil pesos en concepto honorarios.

La decisión fue apelada y la Cámara además anuló el pago de aranceles al considerar que el juez “actuó con arbitrariedad, discrecionalidad y desconociendo la ley”, aunque ratificó la resolución que impide a la comuna intervenir en la causa.

“La comuna quería ser parte del expediente para que la fundación cumpla con lo que dice el testamento y así velar por los intereses de la comunidad”, explicó Erceg. No obstante, aclaró que “la Justicia otorgó la posibilidad de participar en la causa a las instituciones de Bigand que figuran en el testamento que son la Iglesia Nuestra Señora de Luján, el Samco, la escuela primaria Nº 215, el hogar de ancianos y la capilla San Antonio”.


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