El gobierno asegura que buscará un índice para actualizar las jubilaciones

La definición de un índice de actualización destinado a ajustar los salarios del sector pasivo sin poner en peligro la política de superávit fiscal, pasó a ser uno de los temas de agenda del gobierno, luego de que la Corte Suprema le ordenara a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) utilizar el índice de salarios del Indec en un fallo tomado en la causa Badaro.

   “Habrá que buscar cómo se sale de esta situación teniendo un índice que de ningún modo comprometa al erario público, hay que resolver cuál va a ser el índice de actualización del año entrante, que todavía no está resuelto”, dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

   Las palabras de Fernández fueron las primeras que se escucharon en voz alta desde el gobierno, tras el fallo tomado el lunes pasado por la Corte Suprema en el que ordenó a la Ansés aplicar la evolución del índice de salarios elaborado por el Indec para ajustar los haberes en la causa que le sigue el jubilado Adolfo Badaro.

   En cambio, otra voz del oficialismo, en este caso el titular del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara alta, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, dijo que el fallo de la Corte Suprema “aumenta el gasto fiscal”.



Palos a Lorenzetti. El senador rionegrino cargó además sobre el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, a quien responsabilizó de querer obtener “prestigio personal” con el reciente fallo.

   Fernández, por su parte, remarcó que el fallo de la Corte “dice que las reglas del ajuste que ha aplicado es sólo para ese caso”.

   “Yo había celebrado un fallo anterior en esta misma causa, donde la Corte también había sentado un principio que decía que la actualización de las jubilaciones no se podía hacer en desmedro del gasto público”, señaló el jefe de Gabinete.

   “Me quedo con esa lógica, que creo que fue un concepto valioso de la Corte Suprema, porque si no todo se convierte en un juego casi de libertinaje del manejo de los fondos públicos”, agregó Fernández, para luego enfatizar su adhesión “con aquella idea que también es una norma jurisprudencial que dictó la Corte Suprema, que decía que la actualización de ningún modo podía hacerse en perjuicio del equilibrio fiscal”.

   La cuestión fiscal cobró fuerza durante las últimas horas luego de la difusión de proyecciones que ubican en torno a los 8.000 millones de pesos los fondos necesarios para cubrir una generalización del fallo, si la cantidad de personas en condiciones de litigar superase el millón de jubilados. l