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 jueves, 29 de noviembre de 2007  
Millonaria demanda de la ex Aguas a casi 9 mil rosarinos

Rosario- Un relevamiento de la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal detectó que la ex concesionaria Aguas Provinciales S.A., actualmente en liquidación, ha iniciado 8.875 causas por cobro de pesos contra usuarios rosarinos en los Tribunales Provinciales y las demandas superarían los 26 millones de pesos.

El concejal Nire Roldán explicó que las causas se presentaron entre 1998 y 2005, y que “el sesenta y cinco por ciento de ellas se encuentra en riesgo cierto e inminente de remate judicial, restando solo la designación de martillero y fijación de la fecha de subasta”.



Los datos fueron develados por los Juzgados de los Tribunales Provinciales de Rosario, a raíz de un requerimiento de la Comisión Especial del Agua del Concejo Municipal, para que informe sobre la nómina histórica de juicios iniciados en esos juzgados por la ex concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. y APSF en liquidación; tras los numerosos reclamos e inquietudes que había recibido por intimaciones de pago efectuadas a vecinos de la ciudad de Rosario.



Del informe se desprende que desde 1998 el año 2005, se han sido iniciado por parte de APSFe, hoy en liquidación 8.875 por cobro de pesos contra usuarios del servicio. Durante los años 2006 y 2007, ya en liquidación, la empresa solo ha iniciado incidentes de verificación de créditos en quiebras decretadas por otras deudas.

De el total de los juicios, siete mil cincuenta 7.050 fueron iniciados en los Juzgados de Ejecución Civil y Comercial, y en los Juzgados de Distrito Civil y Comercial mil ochocientas veinticinco 1.825. Cabe señalar que los Juzgados de Ejecución actualmente tienen competencia en asuntos de montos inferiores a $ 3500, y los Juzgados de Distrito para montos superiores.



En tanto, sobre un relevamiento de 200 causas, (144 de ejecución y 56 de distrito) se destaca que los usuarios de APSFe son demandados en Rosario por la suma de ventiseis millones de pesos ($26.599.244,23).



Teniendo en cuenta que Rosario es la ciudad que concentra el 60 % de la prestación del servicio de agua potable, y proyectando los montos demandados al resto de la provincia, se concluye que la ex concesionaria sostiene demandas contra los usuarios por casi $ 45.000.000 en las 15 ciudades que comprendieron la concesión.



También el informe explicita que sobre un relevamiento de 412 casos (264 de ejecución y 148 de distrito) el 63,1% se encuentran en riesgo cierto e inminente de remate judicial, restando solo la designación de martillero y fijación de fecha de subasta. Estos casos involucran a 5.775 viviendas. Mientras que el 31,2 % se encuentra en riesgo de remate, o sea, un total de 2846 familias. Tan solo el 5,7% de las mismas fue cancelada por pago o pasaron a archivo.

Proyectadas estas cifras al total de la concesión se encontrarían en riesgo de remate cierto e inminente por deudas con APSFE (en liquidación) unas diez mil viviendas en toda la provincia y con riesgo de remate unas cinco mil.

Desde la Comisión del Agua denuncian que un número importante de las deudas por las cuales se inició juicio no deberían ser reclamadas judicialmente porque se trata de vecinos que se habían acogido a planes sociales, -esto es cuya tarifa por el servicio de agua, era abonada por el Gobierno de Santa Fe-, o se encuentran prescriptas; pero además reiteraron que es alarmante que no exista un marco legal y/o información oficial sobre la situación de esas facturas.

Por su parte, el concejal Nire Roldán manifestó que “es intolerable que una empresa que resultara evidentemente ineficiente a los efectos de brindar un servicio de agua de calidad, pretenda a más de un año de su retiro cobrar supuestas deudas, utilizando para ellos masivas intimaciones a vecinos de nuestra ciudad”. “Estos datos, -agregó el edil del ARI- confirman lo que hemos advertido en numerosas oportunidades sobre el desembarco de 'estudios jurídicos inversionistas' que compran la cartera deudora de APSFe, e impulsan la ejecución de los supuestos deudores, mediante embargos y/o el remate masivo de viviendas”.


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Lo solicitado por la ex Aguas llegaría a los 26 millones de pesos.


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