El Estado no cumple con la normativa

La Municipalidad y el gobierno provincial no cumplen con la normativa que obliga a que un cuatro por ciento de las planta de empleados de los organismos del Estado, entes autárquicos y descentralizados debe reservarse a personas con discapacidad.

   Así lo establecen las leyes nacionales Nº 22.431 y Nº 25.689, y la provincial Nº 9.325. A nivel local, es la ordenanza Nº 3745 y su modificatoria Nº 7.720, las que hablan del tema.

   A la hora de la realidad, los porcentajes no son auspiciosos: en el orden municipal la inclusión de discapacitados rondaría el 2,5 por ciento, mientras que Nación y provincia llegarían al 1,5 por ciento.

   Los datos son extraoficiales y fueron brindados por una fuente relacionada a una ONG que aborda el tema de la discapacidad. En Rosario, entre planta transitoria y permanente, en la Municipalidad revistaría un 2,5 por ciento de personas con capacidades distintas, sin contar becarios, pasantes ni contratos de prestación de servicios.

   A nivel nacional se creó el sistema de protección integral de personas con discapacidad que establece el cupo de las plantillas laborales siempre acorde a la idoneidad para el cargo. Otra mirada sobre la realidad laboral de los discapacitados son las cifras de desempleo. Para las ONG´s, un 82 por ciento de los discapacitados no tiene empleo, aunque para el Ministerio de Trabajo de la Nación esa cantidad sería menor si se consideran programas y talleres protegidos, entre otras herramientas.