Entre Ríos fijó la emergencia para los sectores afectados por lluvias

El Ejecutivo de la provincia decretó el desastre para todas las actividades productivas. n n La medida se extenderá por 180 días a partir del 12 de marzo pasado y puede ser prorrogada

Lizi Domínguez / La Capital

Victoria.— El gobernador Jorge Busti rubricó ayer el decreto que declara el estado de emergencia en Entre Ríos, lo cual habilita el dictado de medidas especiales tendientes a ayudar a afectados por el reciente fenómeno climático que azotó a esta provincia.

   En rigor, la norma declara el estado de emergencia y desastre para las actividades apícolas y tamberas de todos los departamentos entrerrianos, así como las explotaciones hortícolas de la jurisdicción de Paraná cuyas actividades hayan sido sensiblemente dañadas por excesos de precipitaciones y anegamientos.

   Mediante el mismo documento se declara también la emergencia agropecuaria en el departamento Gualeguay y al sur de la ruta provincial 16, en el departamento Gualeguaychú; la emergencia social, sanitaria y económica en las ciudades de Gualeguay, Villa Paranacito, Ibicuy y Ceibas, y la emergencia social y sanitaria en las localidades de Paraná y Gualeguaychú.

   La medida se extenderá por un plazo de 180 días a partir del 12 de marzo de este año, prorrogables por un término similar por decreto del Poder Ejecutivo provincial.



Declaración jurada. Se establece asimismo que los productores, empresas y comerciantes cuyas actividades se encuentran situadas en las zonas delimitadas por dicho decreto deberán presentar una declaración jurada con los datos requeridos a tal fin por la Secretaría de la Producción, la cual deberá estar avalada por una entidad provincial representativa o vinculada al sector productivo al que pertenezca su ramo de explotación.

   El plazo de la recepción de las declaraciones juradas será de 90 días contados a partir del decreto que declara la emergencia, fechado el 27 de abril.



Beneficiarios. Según se especifica, la Secretaría de la Producción aprobará a través de las respectivas subsecretarías los listados de productores y empresas incluidas en la emergencia, con miras a su inclusión en los beneficios acordados por la legislación.

   Dicha dependencia será la encargada de tramitar ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación la inclusión de tales productores en los alcances de la ley 22.913 de emergencia agropecuaria nacional, como también a la prórroga de los vencimientos impositivos que contempla dicha normativa.



Prórrogas. A través del decreto se dispone también que la Dirección General de Rentas (DGR) concederá una prórroga para el pago del impuesto inmobiliario rural de hasta 30 días posteriores a la finalización de la declaración de desastre y emergencia, según corresponda.

   La moratoria incluirá las cuotas de dicho gravamen correspondientes a 2007 y 2008 con vencimiento entre la fecha del mencionado decreto (27 de abril) y el 12 de marzo de 2008, sin multas ni intereses, contra la presentación en cada caso del certificado respectivo.

   Asimismo, la DGR concederá bajo los mismos términos, condiciones y plazos una prórroga para el pago del impuesto inmobiliario urbano para las propiedades ubicadas en el ejido de las ciudades de Gualeguay, Villa Paranacito e Ibicuy.



Emergencia vial. En otro punto de la flamante norma se declara también la emergencia en infraestructura vial, saneamiento, hidráulica y en bienes inmuebles del Estado provincial afectados a servicios públicos en los departamentos Paraná, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, La Paz, Victoria, Diamante, Nogoyá y Rosario del Tala.

   Finalmente, en el decreto se dispone que la Secretaría Ministerial de Obras y Servicios Públicos de la provincia concentre toda la información obtenida por las reparticiones específicas en cuanto a los daños producidos en la infraestructura de los mencionados departamentos.

Gualeguay fue una de las ciudades entrerrianas que resultó más afectada por el reciente temporal que azotó a la provincia, causando graves daños en sectores productivos y áreas urbanas.