Ratifican fallo que obliga al gobierno a poner más policías

La provincia había presentado un recurso pero por segunda vez sufrió un revés en la Justicia

Claudio González / La Capital

La sala III de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Rosario rechazó un recurso de inconstitucionalidad y dejó firme, por segunda vez, un fallo de primera instancia que obliga al gobierno provincial a incrementar la presencia policial en las calles de Rosario. La resolución también ratifica la obligación de las autoridades de presentar un informe pormenorizado de las políticas implementadas en materia de seguridad. De esta forma, la Justicia le volvió a dar la razón a un jubilado que promovió en 2005 una demanda contra el Estado por la creciente ola de delitos.

El Tribunal de Alzada ya había rechazado la apelación del gobierno en noviembre de 2006, confirmando la sentencia que dictó el juez Civil y Comercial Nº1, Norberto Scavone. Pero el gobierno presentó un recurso de inconstitucionalidad, que la cámara también denegó en una resolución dictada el 1º de marzo último. Al gobierno le resta evaluar si se presenta en queja ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

En un fallo de junio de 2006, Scavone hizo lugar a la demanda de un jubilado que reclamaba, bajo los alcances de la ley 10.000 de intereses difusos, mayor seguridad en Rosario. El magistrado concluyó que los operativos policiales resultan "escasos"."No podemos hacer oídos sordos a este recurso, que en esencia es clamor, opinión y pensamiento de toda nuestra sociedad", refirió en su dictamen.

Al mismo tiempo, el magistrado le ordenó al Ejecutivo "un accionar tendiente a brindar mayor seguridad a la actual población, incrementando la presencia y patrullaje policial en la vía pública". En ningún momento hizo alusión a cómo debían llevarse a cabo los operativos.

El fallo fue apelado por la provincia, que negó las acusaciones. Afirmó que "cumplía con sus deberes funcionales relativos a la seguridad y defensa de la vida y bienes de las personas". Pero la Cámara la rechazó en noviembre de 2006. En una nueva instancia, la provincia apeló ese dictamen por arbitrario e inconstitucional, esgrimiendo que Scavone se entrometió en los funciones del Poder Ejecutivo.


Ratificación
Nuevamente los camaristas de la Sala III integrada por María del Carmen Alvarez Néstor Sagües y Mario Chaumet debían resolver la queja Queda probado que el fallo en cuestión en nada invade las competencias privativas e inherentes al Poder Ejecutivo provincial por lo que no existe caso alguno de gravedad institucional en juego dicen los jueces

De esta forma, quedó ratificada la resolución de Scavone que ordena al gobierno provincial incrementar la presencia policial, mientras entrega un informe en materia de seguridad ciudadana.