Echan a funcionarios del Pami por dar drogas no autorizadas

Cobraban u$s 40 mil de un laboratorio extranjero. Lo había publicado en diciembre La Capital

Se profundiza la investigación y se agregan pruebas por las irregularidades detectadas en el Pami de Rosario. La interventora de la obra social de los pasivos, Graciela Ocaña, echó de sus cargos al ex interventor, Ricardo Oyola, y al médico Antonio Ludvik. Además envió a la Justicia copias de los contratos en los cuales se demuestra que ambos cobraban 40 mil dólares del laboratorio Wyeth Pharmaceticals, instalado en Pensilvania (Estados Unidos), para suministrar a los abuelos internados en un efector del Pami una droga no aprobada por el organismo estatal ni por la obra social de los jubilados.

La propia Ocaña señaló ayer que casos similares se detectaron en hospitales públicos y clínicas privadas de Buenos Aires y otros puntos del país, aunque fue en Rosario donde hubo denuncias, relevamientos, sumarios administrativos y ahora expulsados de la obra social.

"Ya terminó el sumario administrativo, los despidos están firmes y ahora la próxima palabra la tiene la Justicia", dijeron ayer desde el riñón de la intervención central de Pami en Buenos Aires.


Cifra abultada
Ocaña precisó que los funcionarios cobraban 40 mil dólares para conseguir las personas y hacer que el laboratorio tuviera la cantidad de casos necesarios para probar el medicamento Se trata de un antibiótico que se utiliza para infecciones intrahospitalarias

Así, en el policlínico de la zona norte los abuelos fueron durante casi dos años los conejillos de indias del laboratorio estadounidense.

La Capital había dado cuenta el 9 de diciembre pasado de las irregularidades que se habrían cometido en el Policlínico Pami II, cuando entre fines de 2004 y casi todo el 2005, decenas de jubilados fueron tratados con esa droga que no estaba autorizada por el Anmat (organismo de control nacional de medicamentos autorizados en la cadena de distribución y aplicación a pacientes). Aunque nunca se estableció a cuántos ancianos le aplicaron la droga.

La primera denuncia fue hecha desde un correo electrónico anónimo a la dirección nacional de Pami. Desde allí se envió a la Fiscalía de Investigaciones de la obra social, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, quien a su vez radicó la denuncia en el juzgado de Norberto Oyarbide. Finalmente este último se declaró incompetente y la causa pasó al juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Roberto Félix Angelini.

Ahora, con los despidos en firme, los sumarios administrativos terminados y las copias de los abultados contratos entre los profesionales y el laboratorio estadounidense, la Justicia rosarina cuenta con más pruebas para esclarecer las irregularidades cometidas en el Policlínico, ubicado en Olivé 1150.