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 domingo, 17 de septiembre de 2006  
[Primera persona]
El genocidio como plan
Según la abogada Mirta Mántaras, defensora en los juicios por la verdad, el proyecto iniciado con el golpe del 76 continuó durante el gobierno de Menem

Carlos Roberto Morán / La Capital

Mirta Mántaras es abogada y especialista en derecho militar. A esa especialidad llega como una manera de desentrañar la impunidad. Defiende a víctimas de la represión militar en los denominados "juicios por la verdad". En 1974 debió abandonar su Santa Fe natal ante el avance de la Triple A. Luego, tuvo acceso a "toda la documentación militar secreta" que fue elaborada en 1975, material que le permite afirmar que "el genocidio en Argentina fue preparado antes del 76". Pero hay más, para Mántaras los efectos de ese golpe de Estado no sólo se padecieron bajo el gobierno militar sino que se profundizaron de la mano de Carlos Menem durante su presidencia.

"Genocidio en la Argentina" es el libro donde Mántaras amplía y detalla el mapa de la represión en el país. León Rozitchner dice en el prólogo que el valor de la publicación radica en que propone al lector "abarcar la complejidad de la propuesta genocida en la Argentina como política del capital globalizado" y a la vez facilita "una visión totalizadora de sus actores sociales dispersos".

Para que exista genocidio, aclara la autora, tienen que ocurrir todos o algunos de los siguientes supuestos: la matanza de un grupo nacional; condiciones inhumanas de reclusión ilegal; traslado de niños de un grupo al otro; sometimiento a condiciones de existencia que traigan aparejada la destrucción física, total o parcial. Este dramático listado es el que le permite a Mántaras afirmar que hubo genocidio tanto durante la dictadura militar como durante el gobierno de Carlos Menem.

Ahora, aclara, eso ha dejado de ocurrir, porque hay paliativos, pero faltan las "vitaminas del cuerpo", aludiendo así a la redistribución de la riqueza.

-¿Por qué califica de genocida al gobierno de Menem?

-Cuando Menem hizo su política de privatizaciones generó de inmediato desocupación, con el añadido de que veníamos de la gran desocupación producida por el cese de las exportaciones de los productos que se hacían acá. Ya en 1981 salió una solicitada en la que se afirmaba que "con los militares o sin ellos" no se habían cumplido todos los objetivos del golpe, porque faltaba el achicamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas y fue eso lo que terminó haciendo Menem. A las empresas que antes conformaban la llamada "patria contratista", es decir las que se habían enriquecido como contratistas del Estado, Menem las volvió compradoras de las empresas públicas con contratos nulos de nulidad absoluta, porque ningún contrato de esa clase puede establecer como lugar donde se diriman los conflictos la Corte neoyorquina, porque atenta contra la soberanía nacional. Menem vendió todo alegremente como si fuera dinero propio y se guardó para sí dos mil millones de dólares.

-¿Qué valor le da a las entidades de derechos humanos?

-En el libro planteo que las organizaciones intermedias de control del poder, como las organizaciones de derechos humanos, han demostrado que una larga lucha firme es posible que tenga una coronación exitosa. Hoy estamos juzgando a los genocidas. En cambio, con los partidos políticos argentinos tenemos un atraso sideral, porque o son cómplices de los grupos minoritarios o terminan siendo impotentes como los partidos de izquierda.

-¿Usted afirma que el genocidio comenzó a prepararse antes del golpe de 1976?

-Así es. En mi libro aparece toda la documentación militar secreta elaborada en 1975 y ello demuestra que el genocidio fue preparado, porque el genocidio es un delito intencional. Tiene que haber intención de cometerlo y ahí está demostrado, como lo está que los obreros se quedaron solos en sus luchas y a merced del genocidio cívico militar. Casi el 50 por ciento de los desaparecidos son obreros, lo cual muestra claramente cuál era el objeto de aquella represión.

-¿Con qué intenciones escribe hoy su libro, dado que ha pasado tanto tiempo?

-En el libro desarrollo otras cuestiones tales como lo que fueron el Plan Cóndor, la exportación del genocidio a Centroamérica, la deuda externa y su ilegitimidad y mi intención es que sea como un manual de todo lo que ha ocurrido. Lo dedico a los hijos de todos, a los jóvenes de edad y de espíritu. Hoy somos veteranos los que vivimos aquellos años, y creo que tenemos que pasar la antorcha a los jóvenes.

-¿Cuál es la herencia de aquellos años?

-El terror, que de algún modo aún lo tenemos hoy metido adentro. Y la idea de impunidad, en todos los órdenes, que es un arma terrorífica porque crea en la gente desánimo y se llega a la conclusión de que quienes han estado o están en el poder pueden hacer lo que quieran, dado que nunca se los juzga. Entonces, no hay igualdad ante la ley, porque hay una justicia selectiva. Los poderes dictan leyes que terminan beneficiando a los peores delincuentes.

-¿Por qué cree que el gobierno de Néstor Kirchner alienta que se juzguen los delitos de lesa humanidad, algo que no hicieron otros gobiernos?

-Por empezar estos delitos a veinte años de cometidos hubieran debido prescribir, pero no ocurre así porque son de lesa humanidad, imprescriptibles, inamnistiables, siempre extraditables y además deben ser castigados. Por eso y a lo largo de los años el país recibió reproches y condenas internacionales por no efectuarse los juzgamientos. Al fin, la nulidad de las leyes de impunidad es una victoria del pueblo argentino, no es una decisión unilateral de un presidente.

-¿La crisis de 2001 influyó en eso?

-Luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 el gobierno que viniera debía establecer algunos parámetros de recomposición de las instituciones. Ahí se produce una situación especial, derivada del reclamo del juez español Baltasar Garzón para que fueran extraditadas a su país varias personas. Fernando de la Rúa había cambiado, por un decreto ilegal, el contenido de la ley de extradición. Cuando Garzón pidió nuevamente las extradiciones, estando ya Kirchner en el gobierno, no se podía sostener el decreto de De la Rúa que termina anulando. Y (al presidente) le quedaron dos alternativas: o permitía las extradiciones o permitía que se los juzgara (a los imputados) en su propio país, pero como aquí seguían vigentes las leyes de impunidad mandó al Congreso el proyecto para que se las anulara, lo que ocurrió. En un punto (la decisión de Kirchner) no deja de ser una seudo concesión a los militares y en otro, no hay que olvidarse que el presidente tenía mucho interés en captar la adhesión de la opinión pública dados los pocos votos que había recibido. Por eso descabeza la cúpula militar, cambia la Corte, anula las leyes de impunidad, hace en definitiva un saneamiento general que son las que llamo "vitaminas para el alma" que recibimos los argentinos del actual gobierno.

-¿El panorama ha cambiado sustancialmente o se trata de maquillaje?

-Faltan lo que llamo "las otras vitaminas", es decir las que necesita el cuerpo: alimentos, trabajo genuino, para que hombre nuevamente pueda volver a sentarse en la mesa con la familia sintiéndose trabajador. Y estas "vitaminas" todavía están pendientes. Se reciben dádivas como los planes jefas y jefes de hogar pero falta que se redistribuya la riqueza acumulada en el Banco Central.
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La herencia. Mántaras considera que el terror y la impunidad son el peor legado que dejaron los años de plomo.

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