El gobierno, bajo sospecha de manipular a la Justicia para una "caza de brujas"

La Paz. - Desde hace seis semanas, Marcela Nogales está en prisión en un caso que conmueve a la opinión pública, ya que su reclusión obedece a la sola sospecha de que actuó ilegalmente al permitir, como gerente del Banco Central de Bolivia, la extracción de recursos de emergencia a un gobierno asediado por la crisis de octubre de 2003.

Un fiscal acusa a Nogales de "uso indebido de influencias" por haber autorizado supuestamente al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada a extraer dinero de las cuentas estatales correspondientes, para enfrentar una revuelta que derivó en la muerte de 60 personas. Para muchos bolivianos, la "prisión preventiva" de esta profesional de 47 años y madre de dos hijos es una venganza política ordenada desde las altas esferas.

Hay sospechas de que el gobierno de Evo Morales, en su afán por compensar históricas injusticias contra las mayorías indígenas, o por castigar al antiguo régimen "neoliberal", empezó a vulnerar las libertades civiles, usando los tribunales para condenar a ex funcionarios.

Hasta ahora, el entorno de Morales anunció planes para enjuiciar a unas 150 personas que ocuparon importantes cargos en el Estado -incluyendo cinco ex presidentes- por cargos que van desde "genocidio" hasta "espionaje", pasando por "daño económico al Estado".

El gobierno presentó pocas pruebas para sustentar sus acusaciones, que radican básicamente en ruedas de prensa y arengas públicas. En el caso de Nogales se mostró un ambiguo video en el cual se ve a personal del Banco Central trasladando bolsas de dinero desde la bóveda de la institución. Los intentos de la agencia Associated Press por obtener la documentación legal en los casos más importantes fueron frustrados por fiscales y funcionarios, pese a que la ley boliviana dice que debe ser pública.

Entre los casos más preocupantes está el de Eduardo Rodríguez, el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y de la república, que salvó a Bolivia de una grave crisis política el año pasado al garantizar las elecciones de diciembre. El Congreso debe decidir en breve si abre juicio contra él por la destrucción en su gestión, por parte del ejército de EEUU, de unos misiles de dudosa utilidad, propiedad de las fuerzas armadas bolivianas.

En la lista figuran además Juan Antonio Morales, el elogiado ex presidente del Banco Central, acusado en el mismo caso de las extracciones de octubre de 2003, y José María Bakovic, un ex funcionario del Banco Mundial, que estuvo detenido en abril por acusaciones de corrupción. El fiscal general Pedro Gareca también busca encausar a 44 ex funcionarios, incluidos ministros y ejecutivos de la empresa petrolera estatal, por supuestamente estafar al Estado en la construcción de un gasoducto en acuerdo con la quebrada firma estadounidense Enron.


Acusaciones sin pruebas
"Todo el mundo se siente intimidado", dijo Juan Antonio Morales, quien no tiene parentesco con el presidente. "Todo el tiempo son acusaciones sin prueba", aseguró. Varios fiscales lo interrogaron dos veces por ocho horas, pero no presentaron cargos. Morales teme que Nogales sea forzada a preparar declaraciones inculpatorias contra sus antiguos superiores.

"Ellos creen que nosotros estamos ocultando algo, pero no encuentran nada", dijo Nogales. Desde la cárcel de mujeres de Obrajes, en La Paz, la ex gerente sostuvo que ella simplemente permitió las extracciones de las cuentas del gobierno durante esos días de emergencia, cuando manifestantes, muchos de ellos alentados por Evo Morales, bloqueaban el ingreso de alimentos y combustibles a la capital.

Varios juristas y analistas de prestigio acusan al fiscal Gareca de actuar como instrumento del presidente para, sin respetar la debida defensa, aparentar que lucha contra la corrupción, un problema creciente en Bolivia. (AP)