El debate por la ley de educación nacional

Filmus recibió a representantes de los derechos humanos

En un documento pidieron que los responsables de delitos de lesa humanidad no estén en el sistema educativo

Organismos de derechos humanos le presentaron al ministro de Educación de la Nación, Daniel Filmus, un documento donde se le pide que la nueva ley de educación que se debate contemple la formación de alumnos con pensamiento crítico, libres, solidarios y creadores. También que los responsables de delitos de lesa humanidad no integren cargos en el sistema educativo.

La reunión se dio el martes pasado en la sede del palacio Pizzurno, donde Filmus recibió a representantes de nueve organismos de derechos humanos, que le entregaron un documento con sus opiniones sobre la nueva ley de educación nacional.

Filmus estuvo acompañado por el secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco, y el secretario general del Consejo Federal de Cultura y Educación, Domingo de Cara; en tanto que asistieron a la cita miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las asociaciones Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el Servicio de Paz y Justicia, y las agrupaciones Hijos, Hermanos de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

En el documento presentado al titular de la cartera educativa nacional, los organismos señalan que el Estado "debe garantizar el derecho a una educación pública, común, laica, gratuita y obligatoria, tal como lo establecía la ley 1.420". El texto también plantea que el Estado, a través del sistema educativo, debe garantizar también "el desarrollo de un pensamiento crítico", y acompañar el desarrollo de un individuo "libre, solidario y creador".

Asimismo, los organismos sugirieron que la nueva norma garantice no sólo el derecho a la educación de todos los chicos que habiten en territorio argentino, sin importar su nacionalidad, sino también el derecho a ejercer la docencia sin importar el país de origen de la persona. Por último, en la reunión se manifestó el deseo de que la ley incorpore mecanismos para que los responsables de delitos de lesa humanidad no puedan ejercer cargos en el sistema educativo. Hasta la fecha, la cartera educativa nacional recibió los aportes de 300 organizaciones -gremios docentes y del trabajo, universidades nacionales, estudiantes universitarios, empresarios, credos religiosos, pueblos originarios, asociaciones de educación privada, organizaciones de la sociedad civil del campo educativo y ex ministros de educación nacionales- para la elaboración de la nueva ley.

Hasta fines de julio, el ministerio nacional continuará recibiendo propuestas de los distintos actores sociales.