Alasino acusó a Kirchner de haberle pagado a Pontaquarto

El ex senador declaró en la causa de los sobornos y pidió que se investigue si la Side le pagó al arrepentido

El ex senador Augusto Alasino, procesado por el escándalo de los sobornos en el Senado, le exigió ayer a la Justicia que cite a declarar a una serie de funcionarios, encabezados por el presidente Néstor Kirchner, y que investigue si la Side le pagó al arrepentido Mario Pontaquarto.

Alasino aseguró que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández -a quien definió como "el José López Rega de este gobierno"- habría estado detrás de "la operación de Pontaquarto", y le presentó al juez Daniel Rafecas un documento que, según él, acreditaría el pago al arrepentido por parte de la central de inteligencia.

Frente a eso, el ex senador justicialista pidió que citen a varios funcionarios, entre ellos Fernández y el propio presidente Kirchner, porque -afirmó- "un día, muy suelto de cuerpo (el jefe de Estado) dijo que la plata de los sobornos había estado en una mesa en su despacho".

Después de declarar, en la puerta de los tribunales federales, Alasino advirtió que "aquí dicen que hay sobornos pero no existe la plata", exigió que se exima a los periodistas que investigaron la causa del derecho de reservar sus fuentes y apuntó contra el juez y los fiscales que llevan adelante la causa.

"Espero y aspiro a que el juez recapacite y deje de lado los a priori. A mí me parece que si el juez acá no toma alguna medida, el (Juan José) Galeano de Kirchner va a ser Rafecas y el (Carlos) Telleldín de Kirchner va a ser Pontaquarto", dijo Alasino.

Así, el ex senador aludió a las graves irregularidades que se descubrieron en la investigación de la causa Amia que habrían llevado adelante durante el gobierno de Carlos Menem para direccionar la causa y que salpican a funcionarios judiciales.

Alasino, que además desmintió que la causa esté a punto de prescribir, había sido convocado para consultarlo sobre los dichos del ex presidente Fernando de la Rúa, también imputado en el pago por 5 millones de dólares que habría enmarcado en el año 2000 la sanción de la ley de reforma laboral.