Denuncia ante la Cidh por los chicos recluidos en la provincia

La decisión del gobierno santafesino de poner bajo la esfera del Servicio Penitenciario (SP) a institutos provinciales donde hay chicos detenidos por causas penales impulsó a una entidad civil a denunciar las duras condiciones de reclusión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El motivo es que la medida viola la ley nacional vigente sobre el resguardo de la niñez: según aducen los denunciantes, lejos de brindar un tratamiento integral tendiente a la recuperación de los menores, la disposición expresa la ausencia de políticas públicas que vayan más allá del mero encierro y la inhumana sobrevivencia de los jóvenes en los lugares de reclusión de Rosario y Santa Fe.

El reclamo ante la comisión internacional fue elevado ayer por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC). Consta en un extenso informe que reporta la situación del Irar de Saavedra y Cullen y del CAT de Dorrego al 900, los dos institutos para la detención de adolescentes que existen en Rosario, y de la comisaría de Fray Luis Beltrán, donde también hay chicos recluidos. El documento destaca los mismos aspectos críticos: graves deficiencias edilicias, situaciones reiteradas de violencia con la guardia e inexistencia de personal civil debidamente capacitado para abordar la problemática tutelar, todo lo cual, para la entidad, implica una situación ilegal.

La CTC consignó que existe hace casi cuatro años un pronunciamiento del juez de Menores Juan Leandro Artigas para que se reviertan las falencias cometidas con los niños alojados en comisarías rosarinas y el Irar. Y destaca que esa resolución fue acogida por los jueces y gobierno "pero no efectivizada en los hechos", dado que los jueces otorgaron sucesivos plazos al Poder Ejecutivo para su cumplimiento definitivo, lo que implicó que hasta mediados de 2005 no cesara la reclusión de adolescentes en comisarías. En la de Fray Luis Beltrán esta situación persiste.


Una medida cuestionada
El punto central de la denuncia ante la Comisión Interamericana -que cita una decena de notas publicadas por La Capital sobre la problemática- cuestiona la medida del Ministerio de Gobierno de Santa Fe que el 5 de abril pasado dispuso que el Irar, el CAT y el Grupo Asuntos Juveniles de Santa Fe pasaran a la órbita del SP, que debe coordinar tareas con la Dirección del Menor en conflicto con la Ley Penal. Esa decisión, para la CTC, constituye "un verdadero retroceso en la materia" y contradice la vigencia de la reciente ley nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La presentación plantea que el CAT de Rosario es en los hechos una nueva comisaría de menores que incumple los objetivos de su creación. Allí, indica, los chicos son atendidos por personal penitenciario, "reiterándose las denuncias por malos tratos y negligencia". La situación edilicia se califica de inhumana y degradante. "Aproximadamente unos 30 chicos se alojan repartidos en 3 celdas, sucias, húmedas, carente de la ventilación suficiente, olorosas e infestadas de cucarachas", resalta el escrito, donde consta que los chicos "están encerrados todo el día" y "comen dentro de las celdas".

Desde el control del SP, según el texto, la violencia se incrementó. "Ante cualquier conflicto ingresa el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, quienes no solo han golpeado a los niños sino que han disparado con perdigón antitumulto".