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 miércoles, 03 de mayo de 2006  
Giro radical. Repsol.YPF y Petrobras serían las más perjudicadas por la drástica decisión de Evo Morales
Bolivia amenaza con confiscar a las petroleras si no le ceden sus acciones
España protestó formalmente por la nacionalización, mientras que Brasil se mostró sorprendido

La Paz. - El gobierno boliviano no descartó confiscar las acciones de las petroleras para hacerse del paquete mayoritario de las empresas más importantes del sector, como parte de la nacionalización de los hidrocarburos que decretó el lunes. España y Estados Unidos reaccionaron con dureza a la nacionalización, que incluyó la ocupación militar de las instalaciones de las empresas. Brasil, en tanto, también perjudicado, evitó una declaración oficial pero el gobierno de Lula no ocultó su consternación. El presidente Evo Morales decretó el lunes, de manera sorpresiva, la nacionalización de la industria petrolera y gasífera, al tiempo que ordenó la ocupación militar de pozos, oleoductos y refinerías. Ayer su vicepresidente, Alvaro García Linera, admitió que la medida implicaba una confiscación, pero "mínima".

García Linera advirtió sin embargo que si las empresas Andina (filial de Repsol-YPF), Chaco (de British Petroleum y Amoco), Transredes (de Shell) y la brasileña Petrobras no aceptan vender compulsivamente sus acciones al Estado dentro del plazo de seis meses que establece el decreto presidencial, para que Bolivia obtenga el "50% más uno" del paquete "puede procederse a la confiscación". Evo Morales firmó el lunes un decreto que "nacionaliza las acciones" de esas empresas, para que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pueda tener la mayoría accionaria y el control de esos consorcios.


Molestia en España
El gobierno socialista de Morales da por sentado que podrá apropiarse de las acciones restantes de esos consorcios, que pertenecen a la población -a través de las administradoras de fondos de pensión, o AFJP- y a los trabajadores de YPFB. Morales anunció el lunes que las acciones de los bolivianos deberán pasar de las AFJP a YPFB, lo que significa una quita patrimonial de los ciudadanos en favor del Estado.

En el exterior, en tanto, la reacción resultó una mezcla de perplejidad y molestia. España convocó al encargado de negocios de la embajada boliviana para manifestarle "su más profunda preocupación y sus consecuencias para las relaciones bilaterales". El Ejecutivo socialista se reunirá "en los próximos días" con representantes de las empresas españolas en Bolivia. El Ministerio de Exteriores español señaló que su preocupación "se hace extensiva a las formas que han rodeado a la adopción" de la medida, en una clara referencia a las ocupaciones militares de las instalaciones petroleras en Bolivia.

El presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau, manifestó por su parte que está "consternado y preocupado" por la decisión del gobierno de Evo Morales, y consideró la nacionalización una medida "injusta". La petrolera cayó en la Bolsa madrileña un 0,63%, luego de haber estado hasta 2% abajo. Brufau se quejó de que no se cumplió el "tiempo de negociación" prometido por las autoridades bolivianas.


EEUU y Brasil, damnificados
Estados Unidos, en tanto, advirtió al gobierno de Morales que "vigilará muy de cerca" el efecto de su decisión. "Ciertamente, vigilaremos muy de cerca cualquier impacto potencial sobre el clima para la inversión del sector privado en Bolivia y el respeto del gobierno boliviano a sus obligaciones contractuales", dijo el portavoz del Departamento de Estado Sean McCormack. Un consorcio estadounidense en el que figura la gigante Amoco forma parte una de las firmas a las que Bolivia nacionalizó.

Brasil, país muy afectado por la gran presencia de su empresa Petrobras en Bolivia, logró, luego de varias reuniones de urgencia que mantuvo el presidente Lula con sus ministros y asesores, emitir un comunicado oficial sobre el tema. Lula recibió un llamado telefónico de Morales en el que este le "garantizó" el abastecimiento de gas. El comunicado brasileño se comprometió a defender los intereses de Petrobras. El vocero presidencial André Singer ratificó que Brasil no sufrirá cortes en el suministro de gas de Petrobras. Pero Singer no explicó cómo podría Petrobras garantizar el suministro si sus refinerías están en manos del ejército boliviano.

En cuanto a si se está ante una confiscación, como parecen indicar las ocupaciones militares de al menos 57 instalaciones, el vicepresidente boliviano García Linera admitió que la medida implica "una mínima" expropiación, aunque aseguró que la toma de las acciones "nos llevará a ver la forma de devolución económica o monetaria", a las empresas afectadas.
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Una refinería de Repsol-YPF en Bolivia "nacionalizada" por funcionarios.

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