Alarma, corrupción

Un reciente informe de la prestigiosa entidad Transparencia Internacional (TI) volvió a colocar a la Argentina en el ojo de la tormenta. El país no sólo fue situado entre los más corruptos de la región sino que se hizo foco en el desastre que han constituido los megaemprendimientos estatales, convertidos en auténticas bocas que se tragan miles de millones de dólares cuyo destino final se desconoce. Entre ellos, el ejemplo más notorio -a esta altura, tristemente célebre- es la represa de Yacyretá.

Muchas veces, cuando se analiza la incidencia de la corrupción en la vida de las naciones se olvidan sus funestos efectos concretos sobre la vida de las personas. No es este el caso del escrupuloso "dossier" difundido por Transparency International, donde se asegura con lucidez que "la corrupción no sólo llena los bolsillos de las elites políticas y empresarias, sino que deja al ciudadano común sin servicios esenciales como la cobertura médica y dificulta su acceso a los sistemas de salud y vivienda. En síntesis, se cobra vidas", concluye.

Difícilmente podrían encontrarse palabras más precisas para definir los dramáticos efectos de un flagelo cuyas raíces son profundas y se instalan en el terreno de lo cultural. Pero es desde la esfera del Estado que se vehiculizan los mayores negociados: nada menos que 1.870 millones de dólares en gastos para el monumental proyecto de Yacyretá carecen del respaldo de documentación legal y/o administrativa que pueda justificarlos.

Monstruoso es un adjetivo adecuado para calificar la magnitud del fraude. El estudio de TI asegura que "recortar la corrupción a los niveles de Costa Rica reduciría un 23 por ciento los costos operativos en la región". Y es que la nación centroamericana, con su puesto número 41 sobre 146 países incluidos en la lista, ocupa un lugar privilegiado si se la compara con el puesto 108 de la Argentina.

Preocupación principal del gobierno argentino debe ser combatir con severidad la corrupción, que junto con la ineficiencia es el defecto que deteriora en mayor medida el respeto del pueblo por las dirigencias. El informe de TI elogia el decreto Nº1.172, del año 2003, del cual se afirma representó "un avance en términos de transparencia de los contactos gubernamentales con los poderosos grupos económicos". Pero según el mismo "paper", no alcanza: "Su aplicación resulta poco uniforme y deja importantes sectores del gobierno afuera". Sin dudas, una crucial tarea pendiente.