Control de la Sigen: Aníbal Fernández negó avance sobre otros poderes

El gobierno negó hoy que la decisión de la Casa Rosada de otorgar a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) el control financiero de los gastos del Congreso y el Poder Judicial signifique un avance sobre esos poderes del Estado.

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aclaró que el decreto firmado por el presidente Néstor Kirchner, que establece que la Sigen sólo podrá auditar a otros poderes mediante la firma de convenios específicos, “es un tema presupuestario” y, de ninguna manera, una pretensión del gobierno de controlar a los otros poderes.

En declaraciones a radio 10, el ministro salió así al cruce de una nota en ese sentido publicada hoy por el matutino La Nación.

Fernández, refiriéndose a ese artículo, afirmó que “hablar de poder sin límites o de tirar por la borda 700 años de historia respecto de la división de poderes” es no conocer este tema.

En esa información, el matutino porteño alude al decreto 1344, firmado el 4 de octubre pasado, que señala que “el Poder Judicial y el Poder Legislativo 'están incluidos en la Administración Central', que cae bajo la órbita de la Sigen”.

“En rigor -prosigue el artículo periodístico-, la Ley de Administración Finaciera vigente no le otorga a la SIGEN esa atribución porque este organismo realiza un control interno del gasto de los recursos que ejecuta el Poder Ejecutivo. Pero el decreto va más allá de la ley y extiende las funciones de esa dependencia al Poder Judicial y al Congreso”.

En sus manifestaciones de esta mañana, el ministro del Interior explicó que “el decreto 1344 no hace otra cosa que reglamentar la Ley de Administración Financiera que data de 1992”.

“En el artículo 8 dice: se consideran incluidos en la Administración Central el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público”, señaló el funcionario.

Y añadió que esa ley “dice claramente que la SIGEN y la AGN, como órganos normativos, de supervisión y coordinación de los sistemas de control, serán autoridad de aplicación, en el ámbito de sus competencias específicas”.

Según el diario La Nación, distintos constitucioanlistas consultados sobre esta medida consideraron que implica un abierto desafío a la independencia de poderes que garantiza la Constitución nacional. (DYN)