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 miércoles, 07 de noviembre de 2007  
La Fiscalía española recurrirá la absolución del cerebro del 11-M

Madrid. — La Fiscalía de la Audiencia Nacional española recurrirá la absolución del presunto “cerebro” de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, Rabei Osman El Sayed, alias “El Egipcio”, informaron ayer fuentes de la misma. El pasado miércoles, el tribunal que juzgó del 15 de febrero al 2 de julio los atentados islamistas del 11-M emitió su sentencia, en la que absolvió a “El Egipcio”, que purga actualmente una pena de ocho años de cárcel por terrorismo en Italia, y a otros seis procesados. La Fiscalía española, que pedía para el acusado casi 39.000 años de prisión, sostiene que debía haber sido condenado al menos como integrante de una organización terrorista, porque la sentencia que existe contra él en Italia no es firme.

Por error.
El diario El País atribuyó ayer la absolución del presunto “cerebro” de la masacre en cuatro trenes de la capital española a un “error” por la misma razón que alega la fiscalía: que la sentencia que lo condenó por la misma acusación en Italia no es firme, ya que puede aún ser recurrida ante el Tribunal de Casación, algo que su defensa ha anunciado además que hará.

Según la ley española, nadie puede ser juzgado ni sancionado por un delito por el que ya ha sido condenado o absuelto en sentencia firme. No obstante, el presidente del tribunal que juzgó la masacre, Javier Gómez Bermúdez, argumentó que no se trata de un error porque el principio legal en el que se basó no exige que la sentencia sea firme.

Varias acusaciones particulares anunciaron ya la semana pasada su intención de recurrir la absolución de “El Egipcio” y podrían argumentar de esta forma.

En la sentencia por el 11-M, los marroquíes Jamal Zougam y Otman El Gnaoui, que colocaron algunas de las bombas, fueron condenados como autores materiales a 42.922 y 42.924 años de cárcel, respectivamente. El ex minero español José Emilio Suárez Trashorras, que proporcionó los explosivos utilizados en los ataques, recibió una pena de 34.715 años de prisión como cooperador necesario de la matanza, que dejó 191 muertos y más de 1.800 heridos.

Otros 18 acusados fueron condenados a penas que oscilan entre tres y 23 años. Un acusado había sido ya absuelto a lo largo del proceso.
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