Enérgica protesta ante una seccional por la detención de tres vecinos tobas

La detención de tres habitantes de la comunidad toba acusados de integrar la empresa de televisión por cable paralela Cablefácil motivó un enérgico reclamo de los vecinos del asentamiento de Juan José Paso y Travesía, que quemaron cubiertas frente a la subcomisaría 24ª de Empalme Graneros. Los vecinos denunciaron que la policía realizó allanamientos “abusivos” sin orden judicial y exigió dinero para liberar a los acusados. Interviene la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

   El jueves, a partir de las 20, unas 200 personas quemaron cubiertas frente a la seccional de Juan José Paso 2074 para exigir la libertad de Elvio L., de 42 años; Carlos M., de 41 y Benito M., de 52. Se trata de tres de los siete acusados de integrar una banda que robaba la señal del cable legal y la distribuía en barrios del noroeste a cambio de una tarifa preferencial.

   Los tres quedaron imputados de estafa y asociación ilícita en el juzgado de Instrucción Nº 15, a cargo de Jorge Baclini. En un airado reclamo, sus vecinos argumentaron que estaban conectados al cable pero no habrían participado de la empresa trucha. Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que las detenciones fueron fundadas.

   Los arrestos evidenciaron el malestar del barrio por lo que definen como “hostigamiento policial”: los vecinos denunciaron detenciones sin motivo por averiguación de captura y el frecuente reclamo de dinero para no abrirles causas penales.

La mediación. “Recibimos llamados telefónicos de referentes comunitarios alarmados por la carátula que afrontan tres personas que habrían contratado el servicio de cable de buena fe”, indicó Fernanda Llobet, abogada y directora del área de Derechos Humanos de la provincia en la zona sur.

   La funcionaria dialogó con los vecinos y la policía, y ante su compromiso de transmitir al juez las inquietudes del barrio el conflicto se aplacó, cerca de las 21.30. Además , abrió un expediente administrativo por el reclamo y dio intervención a la Subsecretaría de Seguridad Pública “para que investigue la actuación policial”.

   La hostil relación entre el barrio y la policía registra un precedente. En octubre de 2004 el Concejo Municipal ordenó un seguimiento de las políticas de seguridad en la zona. Llobet indicó que la semana próxima se prevé realizar una mesa de diálogo entre voceros del barrio, policías y personal del Ministerio de Gobierno provincial para “articular y canalizar los reclamos por esa vía.



El descargo. Los tres detenidos de la comunidad prestaron declaración a las 18 del jueves en Tribunales, donde negaron la imputación y quedaron a la espera de que el juez resolviera los pedidos de excarcelación presentados ayer por sus abogados. “Son gente trabajadora y sin antecedentes. Son víctimas de un ardid, pero nunca integrantes de una asociación ilícita. Ellos contrataron un servicio a personas que decían ser de Cablehogar y pagaron un abono mensual. Sin embargo están imputados como quienes montaron la empresa”, opinó el abogado Ezequiel Elizondo, defensor de los tres imputados junto a Santiago Bereciartúa.



Importante distinción. En ese sentido, una fuente judicial indicó que a los vecinos del barrio les reprochan una participación menor en la maniobra, lo que les permitiría ser liberados. Su situación no es la misma, por tanto, que la de un empleado de Cablehogar y dos ex operarios de otras compañías de cable que están presos como jefes de la red. Según el vocero, los allanamientos fueron a pedido del juzgado y “las detenciones están fundadas en pruebas ciertas”.

   Al margen de la situación de los acusados, los vecinos denunciaron prácticas policiales irregulares. La Consultoría Jurídica del barrio, dependiente de la Facultad de Derecho de la UNR, señaló que hubo allanamientos sin orden judicial y amenazas a los vecinos. También, que los efectivos solicitaron 500 pesos por detenido a cambio de su liberación. Y que en un caso devolvieron 300 pesos al saber que tenían abogados. “El uso ilegal de la fuerza, las detenciones arbitrarias y las prácticas discriminatorias y extorsivas son cotidianas”, señala el documento. l