El sirio Al Kassar quedó a un paso de ser extraditado de España a EEUU

Madrid. — La Audiencia Nacional española, máxima instancia penal del país, aprobó la extradición a Estados Unidos del presunto traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, acusado de instigar el asesinato de estadounidenses y suministrar armas a la guerrilla colombiana Farc, entre otros delitos. Al Kassar cobró notoriedad en Argentina en los años 90, cuando se vinculó al entorno del entonces presidente Carlos Saúl Menem y de su familia política, Yoma, ambos de origen sirio como el traficante de armas. Sigue pesando sobre él una causa penal por falsificación de documentos de identidad.



En Barajas. Al Kassar fue detenido el pasado 8 de junio en el aeropuerto madrileño de Barajas, en cumplimiento de una orden de captura internacional de la Justicia estadounidense.

   Ayer la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española resolvió autorizar la extradición de Al Kassar solicitada por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, aunque exigió la garantía de que no sea condenado a muerte.

   La Justicia estadounidense acusa a Al Kassar de “conspiración para matar a ciudadanos, agentes y funcionarios estadounidenses, conspiración para obtener y usar misiles antiaéreos, conspiración para suministrar material y recursos a una organización terrorista internacional y blanqueo de capitales”. Esa organización terrorista es la colombiana Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), formación armada comunista culpable de numerosos crímenes de lesa humanidad en su país.

   Los graves delitos que EEUU imputa a Al Kassar pueden ser castigados con la pena de muerte en ese país, por lo que España podría negarse finalmente a entregarlo, ya que el artículo 7 del tratado de extradición bilateral entre Washington y Madrid establece esta posibilidad. La defensa del sirio podrá apelar la decisión judicial ante el pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, y será entonces el Consejo de Ministros (o sea, el Ejecutivo) el que finalmente decida si autoriza o no la entrega de Al Kassar a Estados Unidos.

   Al Kassar se defendió diciendo que intervenía en una venta legal de armas de Rumania a Nicaragua y que las Farc no eran el destinatario final, como dicen los estadounidenses.

   El traficante de armas sirio, que hasta su detención vivía en una mansión de Marbella, fue imputado en el pasado por el juez Baltasar Garzón de haber colaborado en el secuestro del barco italiano Achille Lauro, en 1985, a manos de extremistas palestinos. Un ciudadano estadounidense fue asesinado entonces por los terroristas palestinos.

   La Justicia española lo acusó por ello de pertenencia a organización terrorista —el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)—, de asesinato consumado, detención ilegal y piratería, entre otros cargos. Pero el traficante de armas sirio pasó 14 meses en prisión preventiva y finalmente fue absuelto a falta de pruebas.



En Buenos Aires. Pero además Al Kassar tiene una causa pendiente en la Justicia argentina por irregularidades en la obtención de su documento y cédula de identidad y pasaporte y los de su familia, los que tramitó en sólo 24 horas durante el gobierno de Menem. Por entonces se conocieron sus vínculos con Amira Yoma, jefa de audiencias de la Casa Rosada.

   Al Kassar y su familia obtuvieron la residencia permanente en Argentina el 7 de febrero de 1990 y al día siguiente ya tenían sus DNI, cédula federal y pasaporte para extranjeros, con una foto tomada, según él mismo admitió en su declaración ante la Justicia argentina, “en el despacho” de Carlos Menem.

   Por ese grave hecho se abrió una causa que tramitó el juez federal Jorge Ballesteros y que luego de 13 años fue declarada prescripta por el magistrado, en 2005. Pero la Cámara Federal volvió a abrir la causa en septiembre de ese año y ordenó a Ballesteros continuar la pesquisa. Ante una nueva apelación de la defensa la causa llegó a la Corte Suprema, que a fines de 2006 ordenó que se lo siga investigando. Por esta causa pesa sobre Al Kassar un pedido de seis años de prisión efectiva por falsificación de documento público. Al Kassar siempre dijo que el trámite fue tan rápido “por orden de Menem”.



Río Tercero. Al Kassar fue también investigado por la Justicia argentina por sus presuntas vinculaciones con la venta ilegal de armamento a Croacia y Ecuador, algo que él siempre negó y nunca pudo probarse: los documentos que lo habrían inculpado estaban en la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba, que explotó en 1995. l